Por Ezequiel Tena 
Las obras imprescindibles que reclaman los ingenieros para que una tragedia similar a la riada del 29 de octubre de 2024 no vuelva a asolarnos, no deben volver a suspenderse; ya se suspendieron hace unos años y poco se habla de las responsabilidades de quienes entonces abortaron los proyectos y, más en general, revocaron el ya aprobado Plan Hidrológico Nacional. No hay excusas que valgan: deben retomarse esos proyectos y no pueden volver a posponerse.
No nos valió, no nos vale y no es aceptable que para enfriar los ánimos se adormezca el problema apelando a las posibilidades estadísticas de que sobrevengan otras riadas centenarias o milenaria. Lo que debe hacerse, debe hacerse.
Las ayudas anunciadas a los afectados y damnificados no deben dormir en los cajones. Es inadmisible. Aunque la proposición sobre las promesas repose en el olvido, es necesario recuperar el sentido de la palabra: la palabra dada en política está para ser cumplida.
La no coordinación de los organismos y administraciones es una dejación criminal de funciones. Y ésto si no hablamos de cosa peor que la gravísima dejación. No coordinar la emergencia cuando coordinar las emergencias es una obligación de estructura jerárquica, debería conllevar jerárquicamente la asunción de dimisiones, de responsabilidades políticas y de las responsabilidades penales correspondientes.
Hay que decir que el Estado no ha funcionado, y añadir que este no es el único ejemplo de Estado fallido que hemos experimentado en los últimos cinco años. Pero la problemática subyacente que transforma nuestras administraciones en un Estado fallido son de naturaleza más profunda que la simple reducción de la política al tacticismo electoral. Las circunstancias propiciatorias en sí mismas merecen un estudio profundo y una reflexión radical, un diagnóstico certero. La inquietud por la deriva hacia un Estado fallido empieza a estar muy presente entre las preocupaciones que expresa la sociedad.
Y es que las cosas no son tan imprevisibles como pretenden hacernos creer. La falta de formación, la incapacidad, el cálculo político, la manipulación, el nepotismo y la corrupción tienen nefastas consecuencias. La inacción, la dejadez, las omisiones, los embustes y engaños, también. Apoyar las políticas y la forma de legislar en los pilares de la imprevisibilidad y la inevitabilidad sólo sirve al despliegue de la tiranía; ajustarlas a las realidades cotidianas, a la justicia, a la palabra dada y al Estado de Derecho son las exigencias que demandan la convivencia, la existencia de un pueblo libre y la confianza en el futuro. Lo que exigimos las personas.
La sociedad reclama con insistencia otra política, otra forma del comprometerse político para con la vida real y su circunstancia. La política no debe ser un ejercicio de lamento por el deber no cumplido y la palabra incumplida.