Unos apuntes de Historia de España contemporánea (1808-2004)

1. La crisis del Antiguo Régimen (1808-1814)

1.1. La Guerra de la Independencia

Las causas de la Guerra de la Independencia

La reacción de la monarquía española frente al estallido de la Revolución Francesa fue declarar la guerra al país vecino (1793-1795), aunque los intentos de penetrar en Francia por los Pirineos fueron rechazados.
Sin embargo, a partir de 1.799, Manuel Godoy, el ministro más influyente de Carlos IV, imprimió un giro radical a la política exterior y se alió con Napoleón para enfrentarse a Gran Bretaña. Con esta intención, firmó el Tratado de Fontainebleau (1807) por el que se autorizaba al ejército francés a atravesar España para atacar Portugal, aliada de los británicos.

El temor a que la presencia del ejército napoleónico se convirtiera en permanente y el descontento de buena parte de la población con Godoy y con el mismo Carlos IV, provocó el estallido del Motín de Aranjuez (1808), que forzó la dimisión del ministro y la abdicación del rey en su hijo Fernando VII.
Ante los enfrentamientos en el seno de la familia real española, Napoleón optó por convocar a Carlos IV y Fernando VII en Bayona (Francia), donde les hizo abdicar y aceptar el nombramiento de su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España.

El conflicto bélico

Estos acontecimientos provocaron la rebelión popular contra los ocupantes, y el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó espontáneamente contra los franceses.
El ejemplo de Madrid fue seguido en muchos otros lugares, iniciándose un movimiento de resistencia popular para luchar contra el invasor. Se creó una Junta Central Suprema y otras Juntas en las ciudades. También se organizó el sistema de guerrillas.
La resistencia de las ciudades españolas a rendirse (sitios) colaboró en el desgaste de las tropas invasoras, mientras las guerrillas las hostigaban permanentemente y mermaban sus efectivos militares.
El curso de la guerra dio un giro definitivo en el año 1812, cuando la campaña de Rusia obligó a Napoleón a desplazar parte de su ejército a aquel país.
La ayuda ofrecida por las tropas británicas, bajo el mando de Wellington, resultó decisiva para que, a finales de 1813, los franceses empezaran a abandonar el territorio español.
Ese mismo año se firmó el Tratado de Valençay, por el que Fernando VII recuperaba la Corona y Napoleón se comprometía a retirar sus tropas de España.

1.2. Las Cortes de Cádiz

Las abdicaciones de Bayona dejaron un vacío de poder, ya que el rey José no gozó nunca de la aceptación de los españoles. Las Juntas querían dotar al país de unos representantes legítimos e iniciar un proceso de reformas. En 1810 la Junta Central convocó una reunión de Cortes en la ciudad de Cádiz, a la que acudieron los representantes elegidos por el pueblo español para redactar una constitución.
La Constitución reflejó los principios básicos del liberalismo político. En ella se reconocía la soberanía nacional y la división de poderes, y presentaba una amplia declaración de derechos del ciudadano. Tuvo un carácter progresista y proclamó el sufragio universal masculino.
Las Cortes de Cádiz aprobaron también una serie de leyes destinadas a abolir el Antiguo Régimen y a implantar los principios del liberalismo. Se decretó la supresión de los señoríos, la abolición de los gremios, la supresión de la Inquisición, la igualdad de todos los españoles frente a la ley y los impuestos, etc.
Con la Guerra de la Independencia se inició un primer intento de revolución liberal. Pero la situación bélica impidió aplicar todo lo legislado por las Cortes de Cádiz.
Además, no todos los patriotas que se alzaron contra el invasor apoyaban las reformas. Frente a los liberales, que impulsaron la Constitución, los antiguos privilegiados sólo deseaban el regreso a la situación anterior a 1808

2. La restauración del absolutismo (1814-1833)

2.1. El regreso de Fernando VII

Fernando VII, al que los españoles llamaban “el Deseado”, regresó a España en 1814. Los liberales pretendían que el monarca jurase inmediatamente la Constitución de 1812, pero los absolutistas presionaron para que restaurase el absolutismo y derogase toda la legislación liberal de las Cortes de Cádiz.
El rey, convencido de la debilidad de los liberales, impulsó un golpe de Estado mediante el cual clausuró las Cortes y anuló la Constitución. En los meses siguientes se produjo la restauración de todas las antiguas instituciones y se restableció el régimen señorial. Era una vuelta en toda regla al Antiguo Régimen.
Muchos liberales fueron detenidos y otros tuvieron que exiliarse o pasar a la clandestinidad. Pero no cejaron en su intento de poner fin al absolutismo, y con el apoyo de los sectores más liberales del ejército organizaron múltiples pronunciamientos, la mayoría de los cuales fueron duramente reprimidos (Mina, Lacy, Porlier,...)

2.2. El Trienio Liberal

Finalmente, en 1820, el pronunciamiento protagonizado por el coronel Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla) logró triunfar, inaugurando el Trienio Liberal (1820-23). Presionado por los liberales, el rey se vio obligado a acatar la Constitución de 1812, decretar una amnistía y convocar elecciones para unas nuevas Cortes.
Las Cortes, integradas por una mayoría de diputados liberales, restauraron gran parte de las reformas de Cádiz (abolición del régimen señorial, liberalización de la industria y el comercio...). Se creó, asimismo, la Milicia Nacional, cuerpo de voluntarios armados pertenecientes a la clase media urbana, que defendían el orden liberal.
Pero este proceso reformista no contaba con la simpatía de Fernando VII, que pidió ayuda a las potencias europeas para restaurar el absolutismo. La Santa Alianza encargó a Francia la intervención militar en España, y, en 1823, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, bajo el mando del Duque de Angulema, entraron en España, derrotaron a los liberales y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto.

2.3. La quiebra del absolutismo

La vuelta al absolutismo fue seguida de una gran represión contra los liberales y de la destrucción de toda la obra legislativa del Trienio. Además, el país arrastraba graves problemas económicos, a los que los gobiernos de Fernando VII se mostraron incapaces de dar solución.
La Guerra de la Independencia había debilitado enormemente la economía y dejado la hacienda en bancarrota. Además, la independencia de las colonias americanas agravó la situación, privando a las arcas del Estado de una importante fuente de ingresos.
Se hacía, pues, imprescindible una reforma fiscal que obligase a los privilegiados a contribuir con sus impuestos. Pero éstos eran los principales defensores del absolutismo y el rey no podía atacar sus intereses sin perjudicar los suyos propios. A finales del reinado, se hizo evidente la crisis del régimen absolutista y la necesidad de reformas en profundidad.
A todo ello se le unió el conflicto dinástico. Fernando VII había tenido sólo hijas y la Ley Sálica impedía a las mujeres reinar en España. Para garantizar el trono a su hija mayor Isabel, el rey dictó la Pragmática Sanción, que derogaba la ley anterior. Muchos de los absolutistas no aceptaron el cambio y defendieron que la legitimidad del trono correspondía al príncipe Carlos, el hermano del Rey.

3. La independencia de las colonias americanas (1808-1826)

En las décadas iniciales del siglo XIX se produjo la independencia de la mayoría de las colonias americanas. Este proceso coincidió con los años del reinado de Fernando VII y contribuyó a acelerar los problemas económicos y el desprestigio político de la monarquía absoluta.

3.1. Las causas de la independencia

A principios del siglo XIX, el malestar latente en las colonias americanas desde hacía décadas estalló en forma de guerras de independencia.
Varios factores contribuyeron a ello. Por un lado, la difusión de las ideas ilustradas y de los principios de libertad e igualdad proclamados por la Revolución Francesa. Por otro, el éxito de la revuelta de las colonias británicas de América del Norte, que acabó con la proclamación de la independencia de Estados Unidos (1776). Todo ello generó un pensamiento nacionalista e independentista en la América española.
Otra causa fue el descontento de la burguesía criolla (de raza blanca pero nacida en América), ante la actitud de los españoles, que se beneficiaban de la prosperidad económica y monopolizaban los cargos políticos.
Los criollos veían España como un freno para la economía americana, ya que obstaculizaba el comercio e imponía fuertes cargas fiscales. Además, les marginaba de la vida política y administrativa de las colonias y les daba un trato discriminatorio, si bien muchos de ellos gozaban de un considerable poder económico.

3.2. El fin del imperio americano

El estallido de la Guerra de la Independencia suscitó la formación de Juntas también en las colonias americanas. En principio nacieron como un movimiento de respuesta a la invasión extranjera de la Península, pero pronto se convirtieron en organismos de poder propio que pretendían actuar al margen de España.
Los miembros de las Juntas eran criollos que sustituyeron a las autoridades españolas y se negaron a aceptar la autoridad de la Junta Central Suprema. Los focos más importantes de secesión se originaron en Venezuela (Simón Bolívar) y en el virreinato de la Plata (José de San Martín).

Se extiende la insurrección

Con la restauración del absolutismo, en 1814, las tropas españolas consiguieron restablecer el dominio colonial en la mayor parte de las colonias. Sin embargo, la insurrección se generalizó de nuevo a partir de 1816:
- En general San Martín dirigió una expedición que atravesando los Andes derrotó a los españoles (Chacabuco, 1817), logrando así la independencia de Chile.
- En el Norte, Simón Bolívar, derrotó a los españoles y fundó la Gran Colombia (1821), que más tarde se dividiría en Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
- Antonio José de Sucre derrotó a los españoles en Ayacucho (1824) y emancipó Perú y Bolivia.
- La rebelión protagonizada por Iturbide, en México, logró la independencia en 1821, que fue seguida de la de toda Centroamérica.

Problemas de las nuevas repúblicas

Las nuevas repúblicas americanas nacieron con graves problemas, ya que los intereses de los caudillos locales impidieron la creación de una América unida, y ésta se fragmentó en múltiples repúblicas. Además, se consolidó el poder de los jefes militares y la constante intromisión del ejército en la vida política.
Por otro lado, se olvidaron las necesidades de la población indígena, negra y de las clases populares. De ahí que, la sociedad poscolonial naciera con grandes desigualdades económicas, lo que dio lugar a conflictos y tensiones sociales.

4. La revolución liberal (1833-1843)

4.1. Las guerras carlistas

A la muerte de Fernando VII, su hija y heredera Isabel contaba sólo con tres años de edad y su madre, María Cristina, asumió la regencia. Los sectores más absolutistas apoyaron los derechos del hermano de Fernando VII don Carlos. Para defender el trono de su hija, la Regente buscó el apoyo de los liberales. Se inició así una guerra civil que, bajo la forma de un conflicto dinástico, escondía un enfrentamiento entre absolutistas (carlistas) y liberales (isabelinos).
Los sectores sociales que apoyaron el carlismo fueron los nostálgicos del Antiguo Régimen (parte de la nobleza y el clero) y el campesinado. Defendían la monarquía absoluta, la preeminencia social de la Iglesia Católica y la conservación de un sistema de particularista (fueros) frente a la centralización administrativa impuesta en España por los Borbones. Los focos más importantes de la insurrección carlista surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia.
Los isabelinos tenían el apoyo de la nobleza vinculada a la corte y, sobre todo, de la burguesía y las clases populares urbanas.
La guerra se prolongó durante siete años (1833-1840), pero los carlistas no consiguieron nunca ni extender el conflicto a todo el territorio español ni ocupar ninguna ciudad importante. El Convenio de Vergara puso fin a la guerra, pero el carlismo se mantuvo a lo largo de casi todo el siglo XIX.

4.2. El triunfo del liberalismo: los progresistas al poder

La necesidad de contar con firmes apoyos para enfrentarse a los carlistas impulsó a María Cristina a formar un gobierno liberal. Pero los liberales se hallaban divididos en facciones: los moderados, partidarios de reformas más limitadas, y los progresistas, que querían desmantelar toda la estructura del Antiguo Régimen.
La Regente concedió el poder a los moderados, pero la presión popular y el pronunciamiento militar de La Granja hizo que, en 1835, subieran los progresistas al poder presididos por Mendizábal.
Entre 1835 y 1837, los progresistas asumieron la tarea de implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Un conjunto de leyes permitieron la disolución del régimen señorial, la desamortización de las tierras del clero y la desvinculación de la propiedad, como también la supresión de las aduanas interiores y la extinción de los gremios, que se oponían al libre ejercicio de la industria y el comercio.
Este proceso culminó con la promulgación de la Constitución de 1837, que inauguró un largo período de monarquía constitucional en España. En nuevo texto reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales pero aceptaba el papel moderador de la Corona a la que concedía algunos poderes (derecho de vetar las leyes, de disolver el parlamento), y el sistema electoral era censitario.

4.3. La Regencia de Espartero

En las elecciones de 1837, los moderados obtuvieron la mayoría e intentaron dar un giro conservador a todo el proceso de revolución liberal impulsado por los progresistas.
Este giro contó con el apoyo de María Cristina y provocó el enfrentamiento con los progresistas. Un movimiento de oposición se alzó contra la Regente que se vio obligada a dimitir en 1940.
El progresista Espartero fue nombrado regente, pero su gobierno estuvo marcado por las disputas internas del partido sobre el alcance que debía darse a las reformas.
Las medidas librecambistas, que perjudicaron a la naciente industria española, y el autoritarismo de que hizo gala el regente le valieron la oposición de buena parte del país.
En 1843, Espartero dimitió y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina.

5. La configuración del régimen moderado (1843-1868)

5.1. La década moderada (1843-1854)

Durante la década moderada, y bajo los impulsos del general Narváez, se institucionalizó el nuevo Estado liberal, al que los moderados dieron un talante conservador y centralista.
Este Estado se basó en el predominio social de la burguesía conservadora, fundamentalmente agraria, que pretendía afianzar un nuevo orden político y social capaz de frenar las pretensiones absolutistas del carlismo, pero también de alejar del poder a los sectores más populares y progresistas.
Durante la década moderada se promulgó la Constitución de 1845, que establecía un sufragio muy restringido, y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. También se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), en el que se configuraba un Estado confesional que se comprometía a la subvención del culto católico.
La administración estatal y municipal fue reorganizada desde una óptica uniformista y centralizadora para lo cual se fortalecieron los gobiernos civiles y militares en cada provincia. Sólo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales, ante el temor al rebrote de un movimiento carlista.
Otras reformas moderadas fueron la de Hacienda, que centralizó los impuestos en manos del Estado y la elaboración de un Código penal (1851), que unificó y racionalizó las leyes anteriores. También se disolvió la Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil, un cuerpo encargado del mantenimiento del orden en el medio rural.

5.2. El Bienio Progresista (1854-1856)

En 1854 triunfó un pronunciamiento militar en Vicálvaro, apoyado por progresistas y por moderados descontentos que habían fundado la Unión Liberal de tendencia centrista y liderada por el General O’Donnell. Durante dos años, los progresistas de Espartero intentaron restaurar los principios del régimen constitucional de 1837 a través de una nueva constitución, que nunca llegó a aprobarse.
Las reformas más importantes del nuevo gobierno progresista fueron de carácter económico. Así, se llevó a cabo la desamortización de Madoz, que afectó fundamentalmente a los bienes de los Ayuntamientos y se impulsó la construcción del ferrocarril.

5.3. La crisis del sistema isabelino (1856-1868)

La última etapa del reinado de Isabel II fue de alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal. Se impulsó una política de prestigio internacional con pretensiones coloniales, que tuvo en la llamada Guerra de África (Marruecos, 1859-60) su máximo exponente.
En el interior, la actuación del gobierno fue muy autoritaria, actuando al margen de las Cortes y de los grupos políticos y ejerciendo una fuerte represión. La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos, como los demócratas, que defendían el sufragio universal, y los republicanos, que abogaban por la abolición de la monarquía.
La imposibilidad de afrontar el crecimiento de la oposición y la crisis económica que se inició en 1866 (agrícola, industrial y financiera) significó el desgaste del régimen moderado y también de la propia monarquía, que había tomado excesivo partido a favor de sólo unos grupos políticos.

6. El Sexenio Democrático (1868-1874)

6.1. La revolución de 1868

La confluencia entre el desgaste político del régimen isabelino y la crisis económica desencadenó una revolución contra la monarquía. Los sublevados fueron aquellos grupos marginados del poder: unionistas, progresistas y demócratas que se unieron para presentar una alternativa al sistema basada en la democratización de la vida política y en la recuperación económica (Pacto de Ostende).
El movimiento, encabezado por Prim (progresista) y Serrano (unionista), estalló en septiembre de 1868 con la sublevación de la escuadra del brigadier Topete en la bahía de Cádiz. El pronunciamiento fue seguido por revueltas en las principales ciudades donde se formaron Juntas Revolucionarias. Las tropas fieles al Gobierno y a la reina fueron vencidas en Alcolea e Isabel II marchó hacia el exilio.
Se formó un gobierno provisional, a cuyo frente se colocaron Prim y Serrano, que impulsó un programa de reformas. Se reconocieron los derechos fundamentales (imprenta, reunión, asociación, libertad de cultos,...) y el sufragio universal; se formó la enseñanza y se democratizaron los ayuntamientos. Finalmente se eligieron unas nuevas Cortes, que aprobaron la Constitución de 1869, de carácter claramente democrático.

6.2. La monarquía democrática (1870-1873)

Como la Constitución establecía la monarquía como forma de gobierno, hubo que buscar un rey entre las dinastías europeas. El elegido fue Amadeo de Saboya, un joven miembro de la casa real italiana y con una concepción democrática del papel de la monarquía, que llegó a España a finales de 1870.
Pero Amadeo contó siempre con la oposición de los moderados, los carlistas y la Iglesia, que se mantuvieron fieles a los Borbones. Sus valedores eran los unionistas y progresistas, pero éstos se hallaban divididos y no constituyeron un sólido apoyo para el nuevo monarca. Por su lado, muchos demócratas se proclamaron republicanos y algunos promovieron insurrecciones a favor de la República.
Además, el nuevo rey tuvo que hacer frente al estallido de dos conflictos armados: una insurrección en la isla de Cuba (1868) y una nueva guerra carlista, que se inició en 1872. Falto de apoyos y con demasiados problemas por resolver, Amadeo de Saboya dimitió en febrero de 1873.

6.3. La Primera República (1873-1874)

Ante la abdicación del rey, las Cortes votaron por una gran mayoría la proclamación de la República (febrero de 1873). Pero ese resultado no reflejaba un apoyo real a la nueva forma de gobierno ya que la mayoría de diputados de la Cámara eran monárquicos.
La República nació, pues, con escasas posibilidades de éxito, aunque fue recibida con entusiasmo por los sectores populares de las ciudades. Los republicanos tenían un amplio programa de reformas sociales, y, por primera vez, se pretendió organizar el Estado de forma descentralizada. Se proclamó una República federal, que repartía las competencias legislativas entre el gobierno federal, las repúblicas federales (se crearon 15) y los municipios.
Pero la República tuvo que enfrentarse a un buen número de problemas a los que no pudo hacer frente. Las guerras carlista y cubana crecieron en importancia. Las divisiones entre los partidarios de la República federal (Pi y Margall) y los de la República unitaria (Castelar, Salmerón), dificultaron la actuación de los gobiernos. Y, finalmente, Cartagena se proclamó como cantón independiente dando lugar a una revolución social, que fue duramente reprimida.
En enero de 1874, un golpe de Estado protagonizado por el general Pavía disolvió las Cortes y entregó la presidencia del ejecutivo al general Serrano. Éste intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador y presidencialista, pero la base social que podía apoyarle había optado por la restauración de los Borbones.

7. La Restauración monárquica (1874-1898)

En diciembre de 1874, el General Martínez Campos proclamó, en Sagunto, a Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, como rey de España. La restauración monárquica fue recibida con satisfacción por los grupos conservadores, que esperaban que la monarquía devolviera la estabilidad política y económica y garantizara el mantenimiento del orden social.

7.1. El sistema canovista

El nuevo sistema político, configurado por Antonio Canovas del Castillo, tenía un carácter claramente conservador y se fundamentaba en un sistema parlamentario liberal, pero escasamente democrático. Existían dos grandes partidos:
- El partido conservador, liderado por Canovas, era partidario del inmovilismo político, la defensa de la Iglesia y el orden social.
- El partido liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta, se mostraba inclinado a un reformismo de carácter más democrático, laico y social (implantación del sufragio universal, en 1890).
Ambos eran partidos de notables, que coincidían ideológicamente en lo esencial (defensa de la monarquía, de la Constitución, de la propiedad privada, de un Estado centralista y uniforme,...) y asumían de manera consensuada dos papeles complementarios.

La alternancia en el poder

Conservadores y liberales se alternaron en el ejercicio del poder (turno pacífico), controlando la vida política española durante más de cuarenta años. La alternancia en el gobierno fue posible gracias a un sistema electoral corrupto que manipulaba las elecciones y no dudaba en falsificar actas, comprar votos o “hacer votar a los muertos”.
Además, se utilizaban todo tipo de prácticas coercitivas sobre el electorado, valiéndose de la influencia política y del poder económico que determinados individuos ejercían sobre el conjunto de la sociedad, sobre todo en las zonas rurales (caciquismo).

7.2. La constitución de 1876 y los nacionalismos

La estabilidad del sistema vino favorecida por la pacificación bélica y la redacción de una nueva Constitución. Ésta fue proclamada en 1876 y presentaba un claro carácter moderado. La pacificación se consiguió tras el fin de la guerra carlista (1876) y de la insurrección cubana (Paz de Zanjón, 1878).
El afianzamiento de un Estado centralizado y uniformista provocó la emergencia de movimientos nacionalistas en el País Vasco, Cataluña y Galicia.
En Cataluña, el fuerte impulso de la “Renaixença”, un movimiento cultural que reivindicaba la lengua y la cultura catalanas, dio paso al surgimiento de organizaciones políticas que demandaban la autonomía para Cataluña (“Unió Catalanista”, “Lliga Regionalista”).
En el País Vasco, la abolición de los fueros, después de la derrota carlista, generó un movimiento de protesta que culminó en la creación del “Partido Nacionalista Vasco” (1894).
Sin embargo, el galleguismo se mantuvo durante muchos años como un movimiento cultural (“Rexurdimento”).

7.3. La crisis del 98

En 1895 estalló una nueva insurrección cubana provocada por la propia incapacidad de la administración española para hacer reformas políticas en la isla y por la negativa a dotar a Cuba de autonomía. Además, la política económica del gobierno español fue la de favorecer a los sectores económicos españoles y dificultar el comercio con Estados Unidos, principal comprador de productos cubanos (azúcar).
España desplazó un fuerte contingente de tropas a Cuba para hacer frente a la insurrección, que se prolongó tres años. El fin del conflicto llegó en 1898, cuando Estados Unidos declaró la guerra a España, tras el hundimiento de un acorazado americano en el puerto de La Habana.
Después de una corta guerra con Estados Unidos, España fue derrotada y perdió sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La derrota de 1898 provocó en la sociedad y en la clase política española un estado de frustración y arraigó en ella una fuerte sensación de pesimismo.
Como reacción surgieron movimientos regeneracionistas que pedían una verdadera democratización del Estado y acabar con el caciquismo y la corrupción.

8. La población española en el siglo XIX

8.1. El crecimiento demográfico

Aunque la población española creció considerablemente en el siglo XIX, lo hizo en proporciones menores que en otros países europeos. A lo largo de la centuria, España pasó de 11,5 millones de habitantes a 18,6, lo que representa un aumento superior al 60%. Este crecimiento fue el resultado de la disminución de la mortalidad, acompañada del mantenimiento de la natalidad. Pero la mortalidad se mantuvo en España algo más elevada, hecho que explica el menor crecimiento demográfico español.
Este descenso de la mortalidad se produjo como consecuencia del aumento de la producción agraria y de la mejora en la dieta alimenticia de los españoles, que fueron haciéndose menos vulnerables a las enfermedades. En consecuencia, las grandes epidemias, que durante el Antiguo Régimen diezmaban la población, fueron progresivamente desapareciendo. También contribuyeron a ello las mejores condiciones higiénicas y los avances médicos.
Este aumento demográfico no fue homogéneo en toda la Península, y el peso demográfico de la periferia aumentó en relación con las regiones del interior, siendo en Madrid, Cataluña, Murcia, Canarias o el País Vasco donde se produjo un mayor crecimiento.

8.2. Los movimientos migratorios

La abolición del régimen señorial (que expulsó a muchos campesinos de las tierras), la superpoblación agraria, las transformaciones técnicas de la agricultura, la mejora de los transportes y las expectativas de una vida mejor en otro lugar, animaron u obligaron a muchos campesinos a emigrar.
En una primera etapa, los emigrantes se dirigieron hacia los núcleos urbanos más próximos o más dinámicos económicamente. A partir de 1860 se inició un proceso de éxodo rural hacia Madrid, Barcelona y Vizcaya, las zonas más industrializadas de la Península.
También se produjeron movimientos migratorios de más corto trayecto que aumentaron la población de las zonas urbanas y redujeron la de los núcleos rurales próximos a ellas.
En una segunda etapa, a finales del siglo XIX, la tensión entre el aumento de población y las escasas oportunidades de empleo obligó a muchos españoles a emigrar, sobre todo a América Latina (Cuba, Argentina, Uruguay...). Las regiones españolas de las que partieron más emigrantes hacia América fueron Canarias, Galicia y la cornisa cantábrica.

8.3. El crecimiento de las ciudades

El éxodo rural comportó un aumento de la urbanización, en detrimento de los núcleos rurales. Entre 1850 y 1900, España multiplicó por dos su nivel de población urbana. Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga y Zaragoza fueron las ciudades que más incrementaron su número de habitantes.
Pero a pesar de la creciente urbanización, a principios del siglo XX, la mayoría de la población española continuaba siendo rural. Un 70% de la población residía en núcleos de menos de 20.000 habitantes (y más de la mitad de éstos vivían en pueblos de menos de 5.000 habitantes).
El hecho de que un elevado porcentaje de población rural viviera pobremente dio lugar a un buen número de conflictos políticos y sociales.

9. Las transformaciones en la agricultura

9.1. La reforma agraria liberal

Llamamos reforma agraria liberal al conjunto de reformas cuyo objetivo era la disolución del Antiguo Régimen en el campo, así como la introducción de formas de propiedad y producción capitalistas. Esta transformación se realizó en España a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, a partir de la subida al poder de los progresistas en 1837.
Durante este proceso se abolió el régimen señorial, se desvinculó la propiedad y se desamortizaron la mayoría de las tierras pertenecientes a la Iglesia y a los ayuntamientos. La desamortización se realizó en dos fases: la primera tuvo lugar en 1836 y afectó a las tierras del clero (“desamortización de Mendizábal”); y la segunda, en 1855, puso a la venta las tierras de los municipios (“desamortización de Madoz).
Estas reformas consolidaron la propiedad individual y privada de la tierra, que se transformó en una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente.
La mayoría de las tierras desamortizadas fueron compradas por antiguos propietarios o por burgueses que disponían de capital para adquirirlas. Así, gran parte de las tierras de cultivo pasaron a manos de personas que tenían interés en cultivarlas para obtener mayores beneficios. En consecuencia, la producción agrícola aumentó y se destinó cada vez más hacia la venta y no hacia el autoconsumo.

9.2. Un escaso desarrollo agrario

Uno de los mayores problemas que tuvo que afrontar el campo español fue que la reforma agraria liberal no permitió a los campesinos acceder a la propiedad y la mayoría de ellos quedaron como jornaleros pobres o tuvieron que emigrar a las ciudades.
La permanencia en el campo de mano de obra barata no estimuló la mecanización ni el aumento de productividad y este campesinado pobre, con escasa capacidad adquisitiva, no constituyó un mercado sólido para los productos de la nueva industria. El resultado fue el mantenimiento de unos bajos rendimientos agrícolas y la pobreza de la mayor parte de la población agraria, lo que supuso un escaso estímulo para el avance de la industrialización.
En el atraso agrario tuvo una influencia muy destacada la distribución de la propiedad de la tierra y las grandes desigualdades de riqueza en el campo. En la mayor parte de Extremadura, Castilla y Andalucía existían grandes latifundios, cuyos propietarios eran absentistas y basaban sus beneficios en el mantenimiento de unos salarios muy bajos.
En la Submeseta Norte y en Galicia predominaba el minifundio. La escasa dimensión de las propiedades no permitía la mecanización y sus rendimientos apenas llegaban para mantener una familia. Tan sólo en algunas regiones, como Cataluña, Valencia, la cornisa cantábrica o La Rioja, la estructura de la propiedad era más equilibrada.

9.3. El predominio del cereal

A lo largo del siglo XIX, el cereal fue el principal producto de cultivo de la mayor parte de la Meseta. Como los rendimientos eran bajos, su precio resultaba elevado en comparación con el de otros países, por lo que tuvo que recurrir al proteccionismo.
En la zona norte se cultivaban patatas y, en Galicia, también maíz; en las regiones mediterráneas abundaban el arroz y los cítricos. En Cataluña y La Rioja, la viticultura tuvo una importante expansión, y en Andalucía, la tuvo el olivar. Las naranjas, el vino y el aceite de oliva eran los principales productos de exportación.

10. Los inicios del proceso de industrialización

En España, el proceso de industrialización se produjo con retraso respecto de los países europeos más avanzados, y se realizó de forma incompleta.
A finales del siglo XIX, España continuaba siendo un país eminentemente agrícola y tan sólo algunas regiones españolas se habían industrializado (Cataluña, Asturias, País Vasco, Madrid...).

10.1. El nacimiento de la industria textil

A mediados del siglo XVIII, en Cataluña, ya existía una importante producción manufacturera de indianas (tejidos de algodón estampados). La prohibición, en 1802, de importar algodón hilado estimuló la proliferación de hilaturas y el nacimiento de la moderna industria textil.
Hacia 1830, la industria textil catalana inició un proceso de mecanización, instalando las máquinas que se utilizaban en Gran Bretaña. Y en 1833, empezó a funcionar la primera máquina de vapor. La mecanización de las fábricas, que se conocían con el nombre de vapores, experimentó un gran impulso entre 1830 y 1860, aunque fue más rápida en la hilatura que en el tejido.
Como Cataluña carecía de carbón, tenía que importarlo, por mar, desde Asturias o Gales. Ello provocó que muchas industrias, se localizasen en la franja mediterránea, cerca del puerto de Barcelona, por donde llegaban las primeras materias.
Pero a partir de 1860, a fin de abaratar costos, muchas industrias se establecieron en los márgenes de los ríos para poder utilizar la energía hidráulica, creándose así las colonias industriales.

10.2. Los obstáculos para la industrialización

La producción textil española se destinaba al mercado peninsular y a las colonias antillanas. Como la demanda interior era escasa, la producción apenas crecía y sus costos se encarecían.
De este modo, el escaso desarrollo de la agricultura y la manera como se realizó la reforma agraria liberal fueron responsables en gran medida del limitado crecimiento de la industria española.
Los principales factores que influyeron negativamente en el proceso industrializador de España fueron:
- La escasa capacidad de compra de la población española como resultado de la pobreza de la mayoría del campesinado.
- La escasez de fuentes de energía, ya que había pocos cursos de agua aprovechables para obtener energía hidráulica y, además, la calidad del carbón era mala.
- La posición alejada de España respecto de los núcleos más industrializados de Europa dificultó la adquisición de materias primas y la venta de la producción.
Por todas estas circunstancias, la industria española se vio obligada a recurrir a la imposición de impuestos o aranceles sobre la producción extranjera (proteccionismo).
Este proteccionismo reservó el mercado español a la producción autóctona y permitió el crecimiento de la industria nacional. Pero tuvo también efectos negativos, ya que no estimuló a los fabricantes a renovarse, abaratar costos y, en definitiva, a ser competitivos en el ámbito internacional.

11. Carbón, siderurgia y ferrocarril

11.1. La minería

El subsuelo español es rico en yacimientos mineros y su explotación masiva se inició a partir de la nueva legislación de minas de 1868. Fueron importantes los yacimientos de plomo (Linares, La Carolina), los de cobre (Riotinto, que llegó a ser la primera mina mundial en extracción del mineral), los de mercurio (Almadén) y los de cinc (Reocín).
Para recaudar fondos y paliar la deuda de Hacienda, la explotación de muchos de estos yacimientos fue concedida a compañías extranjeras, sobre todo francesas e inglesas. Además, la mayor parte del mineral extraído fu exportado a Europa donde la demanda era mayor que la española.

La explotación del carbón y del hierro

Las dos principales actividades mineras de este período estaban relacionadas con el carbón y el hierro. Los yacimientos hulleros más importantes se hallaban en Asturias. Pero el carbón asturiano era de mala calidad y tuvo que hacer frente a la competencia del carbón galés, de mayor poder calorífico.
Las principales minas de hierro estaban situadas en Vizcaya. Dado que este mineral tenía poco fósforo, resultaba de gran calidad para ser utilizado en la fabricación de acero.
La escasa demanda interior hizo que la inmensa mayoría de la producción de hierro fuera exportada. El auge de las exportaciones convirtió a España en el principal suministrador de mineral de hierro de Europa.

11.2. La siderurgia

Las primeras industrias siderúrgicas se crearon en Málaga y en Asturias, debido a la proximidad de las minas de hierro y de carbón, respectivamente. Sin embargo, estas industrias no se consolidaron debido a los costes del transporte del carbón asturiano y a su escasa capacidad calorífica.
Pero en Vizcaya sí se desarrolló una potente industria siderúrgica. Las razones de su éxito se hallan en la consolidación de un eje comercial por el cual se exportaba hierro a Inglaterra a cambio de la importación de carbón galés.
La producción de hierro creció en nuestro país gracias al aumento de la mecanización agrícola y textil, así como por las nuevas industrias de construcciones mecánicas.
A partir del desarrollo siderúrgico, la industria vasca se diversificó y aparecieron nuevas empresas de construcción mecánica y naval. Además, se creó un importante sector bancario que proporcionó apoyo financiero a la industria (“Banco de Bilbao”...).

11.3. La construcción del ferrocarril

A pesar de las iniciativas anteriores, la construcción de una amplia red de ferrocarriles tuvo que esperar a la Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855. Con esta ley se inició una etapa de intensa construcción ferroviaria, que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX (sólo se interrumpió con la crisis de 1866, cuando se hundieron las acciones ferroviarias).
La necesidad de construir con rapidez el tendido ferroviario, para así poder estimular el comercio interior, hizo que la mayoría de materiales para su construcción fuesen importados sin aranceles. Este hecho supuso una importante ocasión desaprovechada para la siderurgia española, que no pudo beneficiarse del aumento de la demanda provocado por la construcción del ferrocarril.
Además, la red se construyó siguiendo una estructura radial, con centro en Madrid, y con un ancho entre carriles mayor que la mayoría de las líneas europeas. Ello dificultó los intercambios por ferrocarril con el resto de Europa, ya que obligaba a transbordar las mercancías en la frontera, con el consiguiente aumento de costes y tiempo.
Pero a pesar de estas limitaciones, el ferrocarril tuvo efectos positivos para la economía española, puesto que favoreció el traslado de personas y mercancías, ayudando a su vez a la formación de un mercado nacional.

12. Nuevas energías y nuevas industrias (1874-1930)

A pesar de la importancia que seguía teniendo el sector agrícola, a partir del último tercio del siglo XIX, la industria española se diversificó (metalúrgica, química, naval...) y se extendió a nuevas regiones. A esta expansión contribuyó el desarrollo de dos nuevas fuentes de energía: la electricidad y el petróleo.

12.1. La electricidad y el petróleo

A finales del siglo XIX se empezó a utilizar la electricidad y el petróleo. Estas nuevas energías permitieron vencer uno de los principales obstáculos para el desarrollo industrial en la España del siglo XIX: la escasez y el bajo poder calorífico del carbón autóctono.
El uso comercial de la electricidad posibilitó la mecanización de la producción industrial. Además, permitió la disminución de los costes de producción y el descenso de los precios.
La electrificación en España se produjo en dos grandes etapas. Entre 1880 y 1914, el uso de la electricidad estuvo restringido a la iluminación, especialmente de las calles de las grandes ciudades, las fábricas y los lugares públicos. Durante la segunda fase, entre 1914 y 1930, su uso se extendió a la industria.

12.2. Los nuevos sectores industriales

La necesidad de maquinaria agrícola y textil estimuló el surgimiento en España de la industria metalúrgica. Las primeras se crearon en Sevilla y Barcelona, pero fue sobre todo en el País Vasco y en Galicia donde se asentaron las principales construcciones mecánicas y la industria naval.
La difusión del petróleo como combustible y la invención del motor de explosión abrieron paso a la difusión del automóvil, que supuso una revolución de los transportes en la primera mitad del siglo XX. Una de las empresas pioneras en la fabricación de automóviles en España fue la marca Hispano-Suiza, creada en el año 1904.
Otro sector que alcanzó notable expansión fue la industria química, principalmente gracias a la fabricación de abonos, pinturas, medicamentos, explosivos y otros productos.

12.3. Difusión de la industria y desequilibrios regionales

Durante el último tercio del siglo XIX la industria se extendió no sólo en Cataluña y en el País Vasco, sino también por zonas más amplias del territorio.
Madrid se convirtió en la tercera región industrial de España, ya que muchas empresas, tanto españolas como extranjeras, se instalaron en esta ciudad. Pero su expansión industrial también se vo favorecida por su fuerte crecimiento demográfico, que provocó una fuerte demanda de bienes de consumo.
Sin embargo, esta expansión de la economía española no evitó que continuaran existiendo profundos desequilibrios en la distribución regional de la riqueza.
En 1930, la mayoría de la industria se localizaba en Cataluña, el País Vasco y Madrid, zonas donde residía una quinta parte de la población y donde el producto por habitante era bastante superior a la media española.
Por el contrario, otras regiones como Canarias, Galicia y la actual Castilla-La Mancha tenían un producto por habitante muy inferior a la media española.

13. La sociedad española del siglo XIX

13.1. De la sociedad estamental a la sociedad de clases

La revolución liberal y la industrialización transformaron la sociedad española. Los estamentos característicos del Antiguo Régimen dejaron paso a la sociedad de clases propia del capitalismo.
Pero, en España, la preeminencia del sector agrícola y el escaso desarrollo industrial hicieron que la burguesía fuese débil y que la nobleza mantuviera mucha más influencia que en otros países de Europa Occidental.
Con estos rasgos, la sociedad española evolucionó más lentamente que otras sociedades más industrializadas. La pervivencia del poder social de la aristocracia dificultó el arraigo de las formas de vida burguesas, mientras la Iglesia continuó ejerciendo gran influencia social.

13.2. Las nuevas clases dirigentes

La nobleza terrateniente, que había perdido los derechos señoriales, pero conservado la propiedad de la tierra, continuó desempeñando un papel relevante en la sociedad. Sin embargo, a finales de siglo, algunas familias aristocráticas, incapaces de incorporarse a las nuevas actividades económicas (industria, comercio...) se arruinaron y tuvieron que ir vendiendo su patrimonio.
La nueva clase adinerada era la alta burguesía. Compartía con la nobleza su predominio social y era la propietaria de las nuevas industrias, las grandes compañías y los bancos. También se había convertido en terrateniente, pues había adquirido buena parte de las tierras vendidas con la desamortización.
La mediana burguesía, la llamada clase media, era escasa y estaba constituida por pequeños empresarios industriales, comerciantes, profesionales liberales, funcionarios, etc. Constituían el gran grueso de la población urbana junto a las clases populares compuestas por artesanos, tenderos, empleados, etc.

13.3. Las clases populares

El crecimiento de la industria propició que muchos campesinos emigrasen a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Esta nueva mano de obra asalariada constituyó el proletariado, que era poco numeroso en el conjunto de España, y se concentró en algunas regiones (Cataluña, País Vasco, Asturias) y en las grandes ciudades.
Las condiciones de vida y trabajo del proletariado eran precarias, ya que habitaban barrios que carecían de infraestructuras y su alimentación era deficitaria.
Los campesinos constituían la mayor parte de la población y sus condiciones de vida eran también precarias. No tenían tierras, o éstas eran insuficientes para mantener una familia, y debían trabajar como jornaleros por unos salarios escasos. Esto explica que las revueltas campesinas se sucediesen a lo largo de todo el siglo. Para mantener el orden en las zonas rurales, en 1844 se creó la Guardia Civil.

14. El desarrollo del movimiento obrero

El limitado proceso de industrialización español implicó que el número de obreros existentes en la España del siglo XIX fuese menor que el de las sociedades más industrializadas de Europa. El proletariado se concentraba básicamente en Cataluña, y a medida que avanzaba el siglo se consolidó también en el País Vasco, Asturias y Madrid.

14.1. Los inicios del obrerismo

Las primeras formas de protesta obrera tuvieron un carácter ludista, destacando los sucesos de Alcoy (1821), donde fueron destruidos los telares mecánicos, y el incendio de la fábrica Bonaplata de Barcelona (1835).
Los trabajadores vieron la necesidad de crear organizaciones propias, capaces de defender sus derechos. En 1840 se fundó, en Barcelona, el primer sindicato: la Asociación de Tejedores de Barcelona. Sus objetivos eran la disminución de la jornada laboral, el aumento de los salarios y el derecho a formar asociaciones obreras. Los patronos reaccionaron negativamente ante estas iniciativas y prohibieron los sindicatos obreros.
Ante la mayor permisividad del gobierno con las asociaciones, durante el Bienio progresista, el obrerismo conoció una gran expansión. En 1855 tuvo lugar en Barcelona la primera huelga general realizada en España. Ésta fue una reacción contra el intento, por parte de los fabricantes, de introducir una nueva maquinaria, que los obreros consideraban que les quitaba el trabajo.
Durante el Sexenio democrático llegaron a España las ideas de la Primera Internacional y, en 1870, se creó la Federación española de la Asociación Internacional de Trabajadores. Por esta vía, se difundieron en España el marxismo y el anarquismo, que acabó siendo mayoritario entre los internacionalistas españoles.

14.2. El anarquismo

El anarquismo arraigó fuertemente entre los obreros de Cataluña y el campesinado andaluz. A finales del siglo XIX, el anarquismo defendió la formación de grupos autónomos que atentasen contra la sociedad burguesa y capitalista. De este modo se produjeron numerosos atentados y la sociedad entró en una gran espiral de violencia, dada la fuerte represión que en respuesta se ejerció sobre el movimiento obrero.
La proliferación de atentados impulsó a que grupos de anarquistas contrarios a la violencia social fundaran sindicatos obreros. Éstos tenían como objetivo la revolución social. Esta corriente anarco-sindicalista fundó, en 1910, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que llegó a ser el sindicato más importante de España hasta el final de la Guerra Civil.

14.3. El socialismo

Por su lado, el marxismo tuvo mayor influencia entre el proletariado madrileño, vasco y asturiano. Bajo el impulso de Pablo Iglesias, en el año 1879, los marxistas fundaron el Partido Socialista Obrero Español y en 1888 impulsaron la creación de un sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores.
A diferencia de los anarquistas, que se declaraban apolíticos, los socialistas defendían la participación en las elecciones. Pretendían llevar al Parlamento diputados obreros que defendiesen los intereses de los trabajadores.
A pesar de que el sufragio universal (1890) abrió nuevas expectativas electorales, la influencia del socialismo en España creció lentamente y el PSOE no consiguió un diputado hasta el año 1910, en la persona de Pablo Iglesias.

15. La crisis de la Restauración (1902-1917)

15.1. La quiebra del turno pacífico

La alternancia del poder

En 1902, el nuevo rey Alfonso XIII llegó a la mayoría de edad. Su reinado se inauguró con el intento por parte de las fuerzas políticas de la Restauración (conservadores y liberales) de mantener el turno pacífico, pero intentando “regenerar” la vida política española.
Los gobiernos conservadores de Silvela-Polavieja y de Antonio Maura intentaron, hasta 1909, algunas reformas, como las de la Hacienda, de la Administración local o de la ley electoral. Pero este intento de sanear el sistema político, sin acabar con los vicios del caciquismo y la corrupción electoral, fue un relativo fracaso.

La oposición

Mientras, las fuerzas de oposición crecían y se radicalizaban. Así, los grupos nacionalistas catalanes se agruparon en la llamada “Solidaritat Catalana” y alcanzaban amplios triunfos electorales.
Igualmente, se produjo un crecimiento del republicanismo, con la creación de la Unión Republicana y del Partido Radical (Alejandro Lerroux). También, el PSOE, y su central sindical (UGT), consolidaron su presencia en Madrid, el País Vasco y Asturias (Pablo Iglesias fue el primer diputado socialista).
Las corrientes anarquistas continuaron fraccionadas, con un amplio sector radical partidario de las acciones terroristas (atentados contra Maura y Alfonso XIII), pero los sectores más cercanos al obrerismo constituyeron una central sindical, la Conferencia Nacional del Trabajo (CNT), en 1910.

La Semana Trágica

En 1909, se produjo un deterioro profundo de la vida política con motivo del levantamiento popular ocurrido en la ciudad de Barcelona y conocido como la Semana Trágica. La chispa que originó la revuelta fue la política colonial del gobierno en Marruecos.
El levantamiento fue reprimido con especial crudeza, y el carácter desproporcionado e indiscriminado de la represión (fusilamiento del pedagogo y librepensador Ferrer y Guardia) provocó la repulsa de la opinión pública nacional e internacional.
El propio Partido Liberal anunció que rompía relaciones con el gobierno conservador. Ante la situación, el Rey se vio obligado a retirar su confianza en Maura y encargó a los liberales formar gobierno. El turno en el poder dejaba de ser pacífico y el sistema de la Restauración se resquebrajaba.

15.2. Crisis política y agitación social

A partir de 1910, los liberales iniciaron una experiencia reformista. Los gobiernos de Moret, y especialmente el de Canalejas, intentaron una democratización del sistema político y un reforzamiento del poder civil del Estado frente a la influencia de la Iglesia católica (fomento de la enseñanza pública, limitación de las asociaciones religiosas, etc.).
Igualmente, ante el problema regionalista, realizaron concesiones descentralizadoras, que se plasmaron en la constitución de la Mancomunidad de Cataluña.
Todos estos intentos chocaron con la oposición de la derecha conservadora, la división del propio Partido Liberal y el radicalismo de gran parte del movimiento obrero.
El asesinato de Canalejas, a manos de anarquistas en el año 1912, abrió un período de inestabilidad que condujo de nuevo a los conservadores al poder, a partir de 1913. Su actitud fue nuevamente autoritaria: mantenían las Cortes cerradas y gobernaban por decreto-ley.
La coyuntura creada por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el estallido de la Revolución Soviética y la crisis económica consecuente originaron un amplio movimiento de protesta en 1917.
Las fuerzas políticas de oposición en Cataluña exigieron al gobierno una convocatoria de Cortes constituyentes; grupos de militares organizaron juntas de defensa y se enfrentaron a la política del gobierno; por último, los sindicatos CNT y UGT convocaron a una huelga general revolucionaria, con el objetivo de derrocar al gobierno.
Esta situación de crisis mostraba el deterioro absoluto de la vida política y social y, aunque el gobierno consiguió reprimir las huelgas y pactar con militares y políticos, se evidenció una situación de grave crisis.

16. Los años 20: una época de radicalización social

16.1. Los gobiernos de concentración (1917-1923)

Los años que separan la crisis de 1917 del golpe militar de Primo de Rivera se caracterizaron por la presencia de un potente y radicalizado movimiento obrero.
Todas las fuerzas burguesas se replegaron hacia posiciones defensivas y conservadoras y, hasta los catalanistas de derechas (“Lliga”), colaboraron con los gobiernos de concentración, pero fue imposible dar estabilidad al sistema político.

16.2. La violencia social

La conflictividad se generalizó. Las organizaciones sindicales crecieron enormemente: en 1919, la UGT tenía 211.000 afiliados y la CNT, unos 700.000. Estos sindicatos y los grupos políticos de izquierda confiaban en que la movilización permitiera un cambio revolucionario del sistema social, económico y político.
La influencia de la Revolución Rusa se hizo notar en las organizaciones políticas y sindicales obreras, y en el PSOE provocaría una escisión, en 1912, de los sectores más radicales, que daría lugar a la formación de un nuevo partido: el Partido Comunista de España (PCE).
En el campo, en los veranos de 1918, 1919 y 1920, las huelgas de los jornaleros, sobre todo andaluces, paralizaron las cosechas. Se vivía un ambiente de revolución social, con la ocupación y el reparto de tierras.
Pero fue sobre todo entre los trabajadores industriales, especialmente en Barcelona y su área industrial, donde la lucha obrera tuvo un carácter más masivo: la huelga de la empresa de electricidad La Canadiense paralizó, en el año 1919, la industria y los servicios de Cataluña durante cuarenta días.
Ante esta situación, el gobierno y la patronal endurecieron su actitud, y se entró en un grave proceso de violencia social. Así, frente al radicalismo obrero, las organizaciones patronales favorecieron la creación de grupos armados contrarrevolucionarios (sindicatos libres), que actuaban con extrema violencia y recurrían a las armas para atemorizar a dirigentes o reventar las revueltas (pistolerismo).

16.3. La dictadura de Primo de Rivera

En el año 1921, en Annual, en el Rif marroquí, el ejército español sufrió una estrepitosa derrota y más de 12.000 soldados perdieron la vida.
La oposición de izquierdas pidió una investigación, y parecía que las responsabilidades de aquel desastre implicaban desde altos mandos militares hasta el propio monarca. Ante esa crítica situación, ciertos sectores del ejército se decidieron a intervenir y hacerse con el control del poder.
En 1923, el capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, con el consentimiento del rey Alfonso XIII y el apoyo entusiasta de las organizaciones patronales y de los grupos políticos de derechas, protagonizó un golpe de Estado que dio paso a una dictadura militar con influencias del fascismo italiano.
El nuevo régimen suspendió la Constitución, estableció una rígida censura de prensa, prohibió los partidos políticos y sindicatos y destituyó a todos los cargos electos (diputados, alcaldes...).
Igualmente, suprimió la Mancomunidad de Cataluña y todas las expresiones públicas de catalanismo. Por último, ejerció una enorme represión sobre intelectuales, profesores universitarios y organizaciones de izquierda.
La dictadura militar consiguió mantenerse en el poder gracias a una buena situación económica debida a la coyuntura internacional favorable y a la pacificación del conflicto marroquí.
Pero desde 1929, las repercusiones de la crisis económica internacional se empezaron a notar y el clima de oposición a la dictadura se agravó y, abandonado por las organizaciones patronales y por el ejército, el dictador dimitió en enero de 1930.
El rey Alfonso XIII nombró jefe de gobierno a un militar de su confianza, el general Berenguer, que debía preparar unas elecciones y retornar así a la legitimidad constitucional.

17. De la Monarquía a la República

17.1. La proclamación de la República

Al anunciarse la convocatoria de elecciones municipales, toda la oposición al régimen monárquico y al sistema político vigente desde la Restauración (republicanos, socialistas y nacionalistas de izquierda) decidieron constituir una coalición para presentarse unidos a las elecciones (Pacto de San Sebastián, 1930), mientras los partidos de derecha se presentaron divididos.
Las elecciones, celebradas el 12 de abril de 1931, arrojaron un resultado favorable a la coalición republicano-socialista, que triunfó en 41 de las 50 grandes capitales, en las regiones industriales y en las grandes cuencas mineras.
Aunque los partidos conservadores mantuvieron su fuerza en gran parte de las zonas agrarias, el 13 de abril nadie dudaba de que la situación iba a experimentar un cambio espectacular.
Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII suspendió la potestad real y abandonó el país hacia el exilio. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República, en medio del entusiasmo popular y sin la menor violencia.

17.2. El gobierno provisional y la Constitución de 1931

Inmediatamente, se formó un gobierno provisional con representantes de los partidos del Pacto de San Sebastián (republicanos, socialistas y nacionalistas), que se comprometió a convocar elecciones a Cortes constituyentes, a fin de que se redactase una nueva Constitución.
Además, el gobierno provisional tomó las primeras medidas: amnistía para los presos políticos, libertad de partidos y sindicatos y reforma de la administración y de los cargos del ejército.
Las elecciones de junio de 1931 dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista, y la primera gran tarea de las nuevas Cortes republicanas fue elaborar una Constitución, muy avanzada para la época, que fue aprobada en diciembre de 1931.
El texto definía a España como “una república democrática de trabajadores de toda clase”, con sufragio universal masculino y femenino (por primera vez en la Historia de España) y como un Estado aconfesional, aunque se respetaban todos los cultos y creencias. Se reconocían los derechos individuales y se establecían amplias libertades públicas y privadas. La Constitución facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública.
El poder legislativo residía en las Cortes (una sola Cámara), el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República, mientras se asentaba la independencia del poder judicial.
El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de construir gobiernos autónomos en algunas regiones.
Una vez aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República, mientras Manuel Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.

18. El Bienio Reformista (1931-1933)

Las elecciones de junio de 1931 habían dado la mayoría absoluta a la coalición republicano-socialista. El nuevo gobierno emprendió, durante dos años (bieno de izquierdas), la tarea de reformar el país en un sentido democrático, laico y moderno.

18.1. Los problemas de la República

El primer paso era abordar los graves problemas pendientes desde el siglo anterior: el problema militar, el religioso, la cuestión educativa y los problemas agrarios.

El problema militar

Respecto al poder y al papel del ejército en la vida social y política española, el nuevo ministro de la Guerra, el republicano Manuel Azaña, consideraba indispensable reducir radicalmente el excesivo volumen de los oficiales (había un oficial por cada cinco soldados) y cortar los excesivos gastos militares.
Para ello, elaboró una ley que posibilitó la jubilación de casi la mitad de los oficiales. Igualmente, se disolvieron los organismos judiciales del ejército, que se sometió al poder civil; por último, se cambiaron aquellos mandos del ejército considerados contrarios a la República.

La cuestión religiosa y la cuestión educativa

El peso de la Iglesia católica, y su fuerte influencia en la educación, fue otro caballo de batalla del gobierno. La nueva Constitución separaba la Iglesia del Estado y, por ello, en los años siguientes, se abolió el pago a los sacerdotes, se prohibió la enseñanza de las órdenes religiosas, se disolvió la Compañía de Jesús y se introdujeron el divorcio, el matrimonio y el entierro civiles.
Promover una educación laica, en un Estado laico, era un objetivo clarísimo para los nuevos dirigentes republicanos. Por primera vez, el Estado asumía en pleno la responsabilidad de la escuela pública y destinó a ella grandes inversiones para construcciones escolares y la contratación de nuevos profesores.

La reforma agraria

Por último, se abordó el problema agrario, esto es, la existencia, sobre todo en Andalucía y Extremadura, de cientos de miles de jornaleros agrarios sin tierras y en una situación mísera, mientras que la propiedad se concentraba en manos de unos centenares de familias latifundistas. Una ley del gobierno, en 1932, decretó expropiables las grandes fincas que no se cultivaran y permitió darlas a campesinos sin tierras.
Igualmente, se inició la reforma de la legislación laboral, impulsada desde el Ministerio de Trabajo por el socialista Largo Caballero.

18.2. La oposición a las reformas

La oposición de las fuerzas de la derecha

Desde el momento en que se proclamó la República, y especialmente cuando se aprobó la Constitución y se iniciaron las reformas, los grandes propietarios agrarios, la jerarquía de la Iglesia católica, una parte del ejército y amplios sectores de las clases altas y medias se pusieron en contra del nuevo régimen. Estos grupos sintieron amenazadas sus propiedades, su influencia y su poder que desde siglos venían ejerciendo en la vida española.
En 1932, un intento de golpe de Estado, dirigido por el general Sanjurjo y animado por los latifundistas, fue frenado por el gobierno. Pero las fuerzas de la derecha se reagruparon y crearon la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con Gil Robles al frente. Asimismo, surgió un nuevo grupo de carácter fascista, la Falange Española (FE), dirigido por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador.
En el centro derecha, el Partido Radical de Lerroux atraía a grupos de comerciantes, industriales y propietarios. Los monárquicos alfonsinos (José Calvo Sotelo) y los carlistas se unieron a los que criticaban la República.

Las críticas de las fuerzas de la izquierda

Por si fuera poco esta oposición, la lentitud de algunas reformas, especialmente la reforma agraria, exacerbó los ánimos de las clases populares. Jornaleros y obreros querían más cambios y más deprisa.
La UGT se radicalizaba por momentos y algunos núcleos anarquistas apoyaban directamente la insurrección armada, para transformar revolucionariamente la sociedad española, y protagonizaban levantamientos (Llobregat, en 1932; Casas Viejas, en 1933) duramente reprimidos por las fuerzas de orden público.

19. El Bienio Conservador (1934-1936)

19.1. Los gobiernos de derechas

Ante la situación de crisis, el jefe de gobierno, Manuel Azaña, presentó su dimisión, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para noviembre del año 1933.
Las elecciones las ganó la derecha (CEDA), que inmediatamente inició un proceso de desmantelamiento de toda la obra del bienio anterior. Paralizó la reforma agraria, la reforma laboral y amnistió a los sublevados del golpe de Sanjurjo. Esto provocó la radicalización de los grupos de izquierda, de los trabajadores y de los campesinos.

Las revueltas de Asturias y de Cataluña

En 1934 se produjeron revueltas en todo el país, principalmente en Asturias y en Cataluña, que alcanzaron una enorme gravedad.
En Asturias, anarquistas, socialistas y comunistas, unidos, ocuparon la cuenca minera y resistieron frente al gobierno. La revuelta fue sofocada por el ejército y la represión posterior resultó brutal.
En Cataluña, donde el gobierno conservó una coalición de izquierdas, fue el propio presidente Lluís Companys el que encabezó la insurrección. La revuelta de 1934 significó la disolución de la “Generalitat” de Cataluña, la suspensión del Estatuto de Autonomía, aprobado en el año 1932, y el encarcelamiento de su presidente, junto a otros líderes políticos.
A pesar de controlar el país, manteniendo disuelta la “Generalitat” de Cataluña y encarcelando a casi todos los dirigentes de izquierdas, una serie de escándalos de corrupción en el gobierno y las disidencias entre los diferentes grupos de derechas llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936.

19.2 El Frente Popular (1936)

Para enfrentarse a la derecha en las elecciones, se formó un frente electoral que agrupaba un amplio espectro de fuerzas, desde la izquierda revolucionaria al centro-izquierda (PCE, PSOE, Unión Republicana, nacionalistas, etc.). La CNT, pese a que no participaba, debido a su apoliticismo, recomendaba votar al llamado Frente Popular.
El 16 de febrero, aunque por escaso margen, se produjo el triunfo del Frente Popular y Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República.
De nuevo en el poder, los republicanos continuaron el programa de reformas del primer Bienio (1931-1933): se reinstauró la “Generalitat” de Cataluña y se reinició el proceso autonómico en el País Vasco y en Galicia. Por ello, se desencadenó un clima de enfrentamientos y violencia social entre izquierdas y derechas, que culminó con el asesinato del diputado de derechas Calvo Sotelo, en represalia por la muerte del teniente Castillo, militante socialista.
Las fuerzas conservadoras, que se habían opuesto en la primera etapa republicana, decidieron que había llegado el momento de interrumpir por las armas el proceso reformista de la República.

20. La Guerra Civil española (1936-1939)

20.1. Del golpe de Estado a la Guerra Civil

El 17 de julio de 1936 en Melilla, Tetuán y Ceuta y el 18 de julio en la Península, un sector importante del ejército de tradicionalistas (carlistas) y de falangistas protagonizaron un golpe de Estado. Se apoderaron de los órganos de gobierno (gobiernos civiles, ayuntamientos...) de algunas ciudades y constituyeron una junta de altos cargos militares con la intención de “restablecer el orden” y acabar con el gobierno del Frente Popular.
El gobierno de la República tardó en responder y en dos días los sublevados se habían hecho fuertes no sólo en la zona marroquí sino también en Pamplona, Sevilla, Castilla la Vieja y en parte de Aragón.
Muy pronto se hizo evidente el fracaso del golpe militar. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, los sublevados se encontraron frente a miles de obreros y campesinos, encuadrados en potentes partidos y sindicatos, que se enfrentaban casi sin armas a la sublevación.
El 19 de julio, ante el clamor popular, el gobierno republicano decidió entregar armas a los sindicatos y los partidos del Frente Popular. Igualmente, parte del ejército y de las fuerzas de seguridad republicanas y amplios sectores de las clases medias, comprometidos con la República, se mantuvieron fieles al gobierno. Se iniciaba un grave enfrentamiento, una Guerra Civil.

20.2. La internacionalización del conflicto

Desde el primer momento, la Guerra Civil española alcanzó una gran trascendencia internacional. La situación política europea era ya muy tensa, desde la aparición del fascismo italiano y el nazismo alemán. El estallido de la guerra en España fue visto como una nueva confrontación entre las fuerzas democráticas, y en parte revolucionarias, y las dictaduras y los regímenes fascistas. Para muchos, España era el primer escenario de operaciones en el que combatían las dos fuerzas que se acabaron enfrentando en la Segunda Guerra Mundial.
Para no agravar la tensión se tomó el acuerdo de “no-intervención” en el conflicto español. Pero, los gobiernos italiano y alemán apoyaron desde el primer momento a los sublevados, y a finales de julio ya les enviaron los primeros aviones y soldados. La intervención alemana fue especialmente importante en aviación (legión Cóndor), artillería, carros y equipos de transmisión. Los italianos enviaron más tropas pero de menor importancia estratégica.
Mientras, la República se encontró sin el apoyo de las democracias europeas, pues Francia cerraba su frontera y Gran Bretaña decretaba un embargo total a la República. Ante esta situación, la URSS se convirtió en su único apoyo militar, tanto con armas como con asesores.
La posición de los gobiernos no impidió una enorme oleada de solidaridad internacional con el bando republicano. Miles de voluntarios de los más diversos países llegaron a España para combatir en defensa de la legalidad republicana: eran las llamadas Brigadas Internacionales (unos 60.000 voluntarios). Su papel fue muy importante.

21. Una sociedad en guerra

21.1. El bando republicano: guerra y revolución

El hecho de que la defensa de la República estuviese en gran parte en manos de los militantes de los partidos y sindicatos de izquierda (UGT, CNT), dio lugar a la formación de órganos de poder popular, que dirigían el esfuerzo bélico y la vida civil en la retaguardia.
Así, la tensión mantenida en los años de la República estalló en este momento con fuerza. Se ocupaban y colectivizaban fábricas y empresas, se confiscaban las tierras de los latifundistas y se daban a colectivos de campesinos. Este proceso se imponía por la fuerza de las armas y de forma dispersa y desorganizada en la mayoría de los casos.
Igualmente, el anticlericalismo se desataba con fuerza. Los clérigos eran perseguidos y las manifestaciones religiosas, consideradas antirrevolucionarias. También, todo símbolo aristocrático o burgués fue perseguido como enemigo y, en ocasiones, resultó causa de encarcelamiento o muerte.
Aunque el propio gobierno, que se constituyó en septiembre del año 1936 y fue presidido por el socialista Largo Caballero, integró representantes comunistas y anarquistas, en ocasiones se producía una verdadera dualidad de poder: por un lado, las organizaciones populares, muy radicalizadas, y por otro, la autoridad republicana, interesada sobre todo en ganar la guerra y en mantener la legalidad constitucional.
Las autoridades republicanas intentaron controlar este proceso y desde muy pronto lucharon contra toda forma de represión incontrolada. Asimismo, a partir del verano de 1937 impusieron su autoridad sobre el ejército y se enfrentaron con las organizaciones anarquistas, que se resistían a someterse a los mandos militares.
Por último, en la zona republicana, la guerra dio origen a una enorme movilización social. Organizaciones de todo tipo, centros culturales, comités de ayuda, organizaciones de propaganda... intentaban defender un modelo de sociedad que la guerra ponía en peligro.

21.2. El bando franquista

La zona controlada por los sublevados, que se daban a sí mismos el nombre de “nacionales”, era el reverso de la moneda. Todos los esfuerzos iban dirigidos a ganar la guerra. Para ello, establecieron muy pronto un poder único de tipo militar, que agrupó a todos aquellos que luchaban contra la República, y no se permitía la menor disidencia.
Este poder era la Junta de Defensa, que desde el 1 de octubre de 1936 nombró al general Franco Generalísimo y Jefe de Gobierno. En abril de 1937 se decretó la unificación de todas sus fuerzas políticas en un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (FET y de las JONS).
Uno de los objetivos de las autoridades “nacionales” era acabar con las reformas republicanas. Se abolió toda la legislación laboral y social, la reforma agraria, la libertad religiosa y se suprimieron todos los partidos políticos y los sindicatos. Se estableció un mando único.
Ideológicamente se defendía un modelo social basado en el conservadurismo y el catolicismo con ciertas notas de fascismo (obediencia ciega al “Jefe”, desprecio del liberalismo y la democracia, exaltación de la violencia y la muerte...).
Asimismo, se institucionalizó la persecución de cualquier disidencia política o ideológica, que era llevada a cabo por las propias autoridades (militares, falangistas, requetés, etc.), con la colaboración y el consentimiento de los grupos sociales que respaldaban el “alzamiento” y, en ocasiones, de la propia Iglesia.
La represión (detenciones, encarcelamientos, asesinatos) abarcaba a todos aquéllos que habían dado apoyo a la República o hasta quienes, simplemente, no manifestaban su adhesión al nuevo régimen. La represión se ejercía para que todo el mundo supiera a qué se exponía si se enfrentaba a la nueva situación.

22. La evolución de la guerra

22.1. El desarrollo del conflicto

A finales de julio de 1936 se habían consolidado territorialmente dos zonas: una, republicana, y otra, ocupada por los sublevados. Estos últimos controlaban parte de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares y parte de Aragón y de Extremadura. Éstas eran las zonas agrícolas y conservadoras. La República mantenía el Norte, Cataluña y todo el Levante, Madrid, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. Comprendía las grandes ciudades y los núcleos industriales y obreros.

El avance hacia Madrid

La estrategia de los sublevados era avanzar desde el Sur hacia Madrid y tomar cuanto antes la capital. En agosto ocupaban Extremadura y, en septiembre, Toledo. El gobierno de la República abandonaba Madrid ante un ataque inminente, pero en noviembre, las fuerzas republicanas (ejército, milicianos voluntarios, brigadistas internacionales, etc.) frenaban la ofensiva y defendían la ciudad. Los intentos de penetrar en ella (batallas de Guadalajara o del Jarama) fracasaban y, en la primavera de 1937, el alto mando de los sublevados, dirigido por el general Franco, decidió cambiar de frente.

La Batalla del Norte

Entre abril y octubre de 1937 se libró la Batalla del Norte. El grueso de las tropas “nacionales” atacó las grandes ciudades norteñas. El 26 de abril fue bombardeada Guernica por la Legión Cóndor alemana (aliados de las tropas franquistas). En junio se tomaron Bilbao y las zonas industriales y mineras de la República.
Aunque los republicanos intentaron otras ofensivas (Belchite, en Zaragoza, o Brunete, en Madrid), para disminuir la presión en el Norte, no pudieron evitar la caída de Santander en agosto y la de Asturias dos meses después.

La Batalla del Ebro

En 1938 las tropas “nacionales” avanzaban sobre Aragón y llegaban al Mediterráneo por la zona de Castellón. Cataluña quedaba aislada del resto del territorio republicano. Para intentar impedir el avance de los sublevados, el gobierno de la República concentró todas sus fuerzas en la Batalla del Ebro, cruzó el río e intentó hacer retroceder al ejército enemigo.
Pero tras crueles combates tuvieron que replegarse a la otra orilla del Ebro, en noviembre de 1938. A partir de ese momento el avance de los franquistas sobre Cataluña resultó imparable. Barcelona fue tomada el 26 de enero de 1939. Poco después las tropas franquistas llegaban a la frontera francesa.
Madrid y la zona centro, las últimas en capitular, fueron ocupadas entre febrero y marzo. El 1 de abril, la guerra se daba por acabada.

22.2. La población civil: hambre y miedo

Para la población civil, la guerra fue un tiempo de penurias y de miedo. Tanto en un bando como en otro, la suerte que corrían los hombres movilizados en el frente, la escasez de alimentos y el miedo a las represalias del enemigo, ensombrecieron la vida cotidiana.
Con todo, fue en el bando republicano donde la situación resultó más grave, al estar sometido a los bombardeos de la aviación (franquista o de sus aliados alemanes), de la que la República carecía, y al tener mucha menos comida por ser territorios con menor producción agrícola.
Igualmente, el curso de la guerra les era mucho menos favorable y centenares de miles de personas abandonaban sus casas ente el avance de los sublevados y se convertían en refugiados, con unas penosas condiciones de vida.
Por último, hacia el final de la guerra, la derrota republicana ocasionó un último drama para los vencidos: el inicio del exilio ante el temor de la represión franquista. Entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 1939, medio millón de españoles, aproximadamente, se agolpaban en Cataluña con la esperanza de cruzar la frontera francesa. Constituían una multitud de personas de todas las edades y condiciones: hombres, mujeres, niños y unidades del ejército republicano. De toda esta marea humana, en pocos meses volvió a España alrededor de la mitad. El resto inició un largo y penoso exilio.

23. La configuración de un sistema político autoritario

23.1. La institucionalización del régimen

Desde el principio hasta el final (1939-1975), el régimen de Francisco Franco fue una dictadura. Él, como jefe del Estado, tuvo todos los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El dictador era, asimismo, Generalísimo de los ejércitos, con mando supremo sobre ellos.

Un único partido político

Franco era jefe del partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), en el que se agrupaban los vencedores de la Guerra Civil.
De la Falange dependían también la Central Nacional Sindicalista (CNS), sindicato de tipo vertical, que integraba a patronos y obreros. Se prohibieron el resto de partidos políticos, asociaciones y sindicatos.

Supresión de las libertades democráticas

Se procedió, de igual modo, a la supresión de todas las libertades democráticas individuales y colectivas (libertad de prensa, de religión, de expresión, de manifestación...). También se decretó la abolición de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco y se prohibieron todas las manifestaciones de tipo nacionalista.
Con la “Ley Constitutiva de las Cortes Españolas” (1942) se pretendió aparentar un sistema parlamentario. El “Fuero del Trabajo” (1938), declaración de los ideales laborales del nuevo régimen, la “Ley de Referéndum” (1945) o el “Fuero de los Españoles” (1945), pseudodeclaración de derechos cívicos, completaban el entramado jurídico-político de la dictadura franquista.

23.2. Los apoyos del franquismo

La victoria franquista en la Guerra Civil significó el triunfo de los grupos que con la República temieron perder los privilegios que venían disfrutando desde el siglo XIX. Así, la gran burguesía, el ejército y la Iglesia católica apoyaron un régimen dictatorial que garantizaba su pode e influencia.
La gran burguesía de los propietarios de tierras, de la banca y los negocios tuvo carta blanca para el ejercicio de su dominio económico. La reforma agraria republicana fue anulada y las relaciones laborales pasaron a depender del Ministerio de Trabajo.
El ejército, vencedor de la guerra y garantía de la continuidad del régimen, tenía unos efectivos muy numerosos y sus mandos ejercían multitud de cargos políticos (ministros, gobernadores, cargos sindicales...), e incluso cargos importantes en las empresas.
Respecto a la Iglesia católica, Franco estableció la confesionalidad del Estado. Se suprimió el divorcio, el matrimonio religioso volvió a ser obligatorio, se reintrodujo la enseñanza religiosa obligatoria y se restableció el presupuesto para el culto y el clero.

23.3. Las relaciones exteriores

En 1939, el régimen se situó de forma incondicional junto a las potencias fascistas (Alemania e Italia).Y aunque no intervino de forma directa en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno español envió al frente alemán del Este la llamada División Azul.
La derrota del fascismo, en 1945, provocó una etapa de aislamiento internacional del régimen que se evidenció en la condena de la ONU (1946), la cual recomendó la retirada de España de los embajadores de todos los Estados democráticos.
En 1953 se firmaron unos acuerdos de colaboración con Estados Unidos. Ello significó el fin del aislamiento y el inicio de una nueva etapa de relaciones internacionales, que supusieron el reconocimiento internacional del régimen franquista y su asentamiento definitivo. En el nuevo contexto de la Guerra Fría, el anticomunista Franco pasó a ser un fiel aliado de la política americana contra la Unión Soviética.

24. La posguerra, miseria y autarquía

24.1. Los efectos de la guerra

En 1939, España era un país destrozado por tres largos años de guerra civil que comportó un hundimiento demográfico (unas 550.000 víctimas y un gran número de exiliados). Además, parte de la industria, de la agricultura, de las vías de comunicación y de los medios de transporte habían sufrido importantes destrozos y la producción había caído muy por debajo del nivel de antes de la guerra.
Por otro lado, para la mayoría de la población (obreros, campesinos y clases medias) la vida cotidiana venía marcada por la carestía de alimentos, la pobreza e incluso la miseria. Las personas que se hallaban entre los vencidos, además, tenían miedo a la represión.
Pero, al mismo tiempo, fueron años de euforia y enriquecimiento fácil para unos pocos sectores de la sociedad: los jerarcas del régimen, los grupos sociales más vinculados al poder y los especuladores, que se enriquecían con la escasez de productos y la miseria de la población.

24.2. Autarquía y racionamiento

Intervensionismo estatal y autarquía económica

En la posguerra, la política económica del franquismo se caracterizó por un gran intervensionismo del Estado en la producción y distribución de los bienes, fijación de precios de los principales productos, reglamentación de los salarios y control sobre el comercio exterior.
Por otro lado, el aislamiento del exterior y el boicot internacional orientaron la política económica hacia la autarquía. Ésta consiste en el autoabastecimiento de la mayoría de productos y la mínima dependencia del exterior.
Para fomentar el desarrollo de la industria española, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) y se fundaron empresas públicas que se ocupaban de los sectores no rentables para la iniciativa privada, pero necesarios para la economía del país. Además, se siguió una política proteccionista que gravaba con fuertes aranceles las importaciones y limitaba la entrada de capital extranjero.

Estancamiento de la economía española

La autarquía comportó el estancamiento de la economía. La agricultura y la industria crecieron muy lentamente, el comercio con el exterior era mínimo y la escasez de bienes de consumo duró largos años. En consecuencia, el nivel de vida y la renta per cápita española no alcanzó los niveles anteriores a 1936 hasta el año 1953.
Ante la escasez generalizada de productos, el Estado impuso las cartillas de racionamiento, mediante las cuales se repartían entre la población algunos productos de primera necesidad. Igualmente, un sistema de cupos distribuía entre las industrias las escasas materias primas o fuentes de energía (hierro, algodón, carbón, petróleo, etc.).
La escasez de productos hizo surgir el estraperlo y el mercado negro (venta de productos al margen del mercado oficial), controlado por especuladores que se aprovechaban de la necesidad de la población para vender los productos de forma clandestina a precios abusivos.

25. El desarrollismo. Cambios políticos y económicos (1959-1973)

25.1. Una nueva élite dirigente

A finales de la década de los cincuenta, el fracaso absoluto de la política autárquica, la nueva situación internacional (reconocimiento del régimen de Franco) y el descontento popular convencieron al régimen de la necesidad de una reorientación política y económica para poder asegurar su propia pervivencia.

Un gobierno de tecnócratas

Para llevar adelante estos cambios fue esencial la entrada en el gobierno de personalidades vinculadas al Opus Dei, que, sin desplazar por completo a los grupos franquistas tradicionales (falangistas, militares, tradicionalistas), aportaron criterios más pragmáticos y más técnicos o modernizadores. Por ello, se conoce a este grupo como los tecnócratas, dado su interés por iniciar una tímida apertura política y económica que posibilitase el acercamiento a Europa y favoreciese el desarrollo industrial.

El Movimiento Nacional

En esa dirección, el llamado Movimiento Nacional sustituyó definitivamente a FET y de las JONS como partido único. Nuevas leyes, entre las que destacan la de “Principios Fundamentales del Movimiento” (1958) y la “Ley Orgánica del Estado” (1966), definieron al régimen como una democracia orgánica, eufemismo con el que se continuaba negando la democracia parlamentaria y las libertades individuales, políticas y sindicales.
Para asegurar la continuidad del régimen después de Franco, en el año 1969 las Cortes franquistas aceptaron al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de Rey.

25.2. Los años del crecimiento económico

Los nuevos gobiernos, a partir de 1957, abandonaron la autarquía e iniciaron un proceso de liberalización económica, acorde con el sistema capitalista occidental al que pretendían incorporarse. Para ello, se puso en marcha el Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era pasar de una economía cerrada y con fuerte control estatal, a una economía vinculada a los circuitos internacionales y con mayor peso de la iniciativa privada.
Una vez suprimidos los obstáculos al comercio exterior se promulgó una serie de medidas para favorecer la inversión de capital extranjero. El gobierno puso en marcha los llamados Planes de Desarrollo (1964-1975), que pretendían fomentar el desarrollo industrial y disminuir los desequilibrios entre las diferentes regiones españolas.
Todas estas medidas permitieron que la economía española participara, aunque en grado menor, del enorme crecimiento de la Europa Occidental.

25.3. Un crecimiento desequilibrado

El auge económico europeo permitió exportar los productos agrarios e industriales españoles y enviar gran número de emigrantes al exterior. España recibió enormes ingresos por turismo y muchas empresas extranjeras invirtieron en nuestro país para aprovechar sus bajos salarios.
Ahora bien, el crecimiento económico de la década de 1969 afianzó un modelo económico muy dependiente del exterior. Así, el capital, la tecnología y las divisas provenían del extranjero, la economía presentaba grandes desequilibrios territoriales (concentración de la actividad en unas pocas regiones) y era muy poco competitiva.

26. La España de los años 60

26.1. Los cambios demográficos

La mejora de las condiciones de vida provocó un aumento de la natalidad y una disminución de la mortalidad españolas, que produjeron un fuerte aumento demográfico (26.187.899 habitantes en 1940 y 34.041.531 en 1970).
Además, parte importante de la población emigró en busca de mejores expectativas de vida. Cerca de dos millones de españoles emigraron al extranjero (Alemania, Suiza, Francia...) y otra gran parte se desplazó de los núcleos rurales hacia las ciudades en busca de trabajo.
Ese inmenso éxodo rural afectó a cerca de cuatro millones de personas y significó la expansión de las grandes ciudades industriales (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao...) y el despoblamiento de muchos núcleos rurales. La rapidez de la urbanización provocó un crecimiento caótico de las ciudades, con barrios faltos de la más elemental infraestructura (asfaltado, luz, alcantarillado...).

26.2. El crecimiento económico

Crecimiento de la industria y los servicios

El auge económico se manifestó sobre todo en un gran crecimiento de la industria, que renovó sus bienes de equipo, adoptó nuevas tecnologías, y así aumentó su producción y productividad.
También se produjo un aumento y mejora en el sector servicios, que adquirió gran importancia, gracias especialmente a la llegada de turistas. El sector turístico se convirtió así en uno de los mayores puntales económicos del país.

Aumento del nivel de vida

Todo este proceso dio lugar a un notable aumento del comercio exterior y una reactivación de las exportaciones. Se produjo, asimismo, una importante renovación de la agricultura con la mecanización y la diversificación de la oferta de productos (carne, leche, fruta, etc.).
Entre 1960 y 1973 se incrementó la renta nacional, aumentaron el poder adquisitivo y los salarios y se produjo una mejora general del nivel de vida de la población.

26.3. La modernización de la sociedad española

La sociedad de consumo

A lo largo de la década de 1960 se produjo una profunda transformación y modernización de la sociedad española.
En primer lugar, la mecanización agrícola y la industrialización dieron lugar a un drástico descenso de la población agraria y a un notable crecimiento de la población dedicada a la industria y los servicios.
Aumentaron, asimismo, las clases medias (obreros especializados, profesionales liberales, trabajadores de la administración, la banca, los seguros...) frente al número de jornaleros o peones.
El aumento de la producción y de la renta propiciaron, a su vez, que España entrase en la denominada sociedad de consumo, aunque no con la misma intensidad que otros países occidentales.

Extensión de la enseñanza obligatoria y gratuita

Igualmente, la nueva estructura social demandaba cambios en la educación. Se iniciaron reformas para introducir una educación más técnica y moderna, se extendió la escolaridad obligatoria desde los 6 hasta los 14 años (1964). Se aumentó, asimismo, el número de becas, de institutos y de universidades.
La culminación de estos cambios educativos llegó con la Ley General de Educación de 1970, que convirtió en gratuita y general la enseñanza elemental.

Nuevas actitudes sociales

Las nuevas relaciones internacionales, la llegada del turismo, la apertura de fronteras, los viajes a otros países, etc., se generalizaron y permitieron a los españoles tomar contacto con la libertad, la literatura, el cine o el arte del exterior.
Esos contactos con otros países europeos ayudaron a crear un amplio movimiento social e intelectual a favor de la democratización de la vida española.

27. La oposición al franquismo

27.1. Resistencia y represión

Los primeros tiempos del franquismo estuvieron marcados por la represión. Decenas de miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por su actividad política. Y todos los partidos políticos y sindicatos tuvieron que pasar a la clandestinidad.
Con todo, desde el primer momento se inició una oposición al franquismo. En toda la década de 1940 se mantuvo una resistencia armada en forma de guerrillas en las zonas de montaña, con la esperanza de que el triunfo de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial permitiera el derrocamiento de la dictadura.

27.2. La reorganización de las fuerzas políticas

Cuando al acabar la Segunda Guerra Mundial quedó claro que no habría apoyo para el derrocamiento del fascismo en España, las estrategias de los grupos de oposición tuvieron que variar. Poco a poco, se abandonó la lucha armada, a excepción de algunos grupos anarquistas que resistieron hasta finales de los 50.
En 1956, el Partido Comunista de España (PCE) elaboró una política de “reconciliación nacional”, que buscaba alianzas con otros grupos y fuerzas sociales. Desmantelada la CNT y desorganizado el movimiento anarquista, con el PSOE debilitado y la UGT inoperante, los comunistas fueron casi los únicos que conservaron una organización y desarrollaron una acción política en la España de la posguerra.
En la calle se dieron algunos tímidos movimientos de protesta: huelga de tranvías de Barcelona (1951), movilización estudiantil de 1956 y primera gran reacción de las fuerzas obreras (huelgas de Asturias de 1958).
Además, los partidos republicanos en el exilio tomaron contacto con fuerzas monárquicas y democristianas. En 1962, representantes de estos grupos se reunieron en Munich con miembros del PSOE y con nacionalistas vascos y catalanes.

27.3. Los años 60

La industrialización del país y el crecimiento del número de asalariados que se produjo en la década de 1960, dio lugar a una fuerte conflictividad social (en el año 1962 se produjeron huelgas en Asturias, Cataluña, Andalucía y el País Vasco). En esta época se constituyó de manera definitiva el sindicato Comisiones Obreras, que protagonizó la lucha sindical de los años 60 y principios de los 70.
La Iglesia católica vio surgir en su seno grupos disidentes del franquismo. La actividad de grupos cristianos ligados al mundo obrero (Juventud Obrera Cristiana) y la nueva actitud de parte del clero evidenciaron que la Iglesia española ya no era monolítica como sustento ideológico del régimen.
También tomó fuerza el movimiento estudiantil y se enfrentó claramente al régimen. Junto a ellos, intelectuales y artistas manifestaban asimismo sus deseos de cambio.
En estos años se produjo el nacimiento de ETA (1959). A partir de 1962, ETA inició una serie de acciones violentas contra la dictadura. La represión ejercida en el País Vasco por parte de las fuerzas policiales inició una espiral de terrorismo y represión, que tuvo su momento cumbre en el “juicio de Burgos” (1970) contra 16 de sus miembros.

28. El fin del régimen franquista

28.1. La crisis económica de los años setenta

A partir de 1973 se inició un cambio en la economía de los países occidentales, provocado por el rápido aumento del precio del petróleo y de las materias primas. La crisis del petróleo puso fin al período de crecimiento y prosperidad anterior e inauguró una época de profunda recesión económica.
En España, esta crisis se inició con un alza continua y generalizada de los precios, con un retroceso del turismo que redujo la entrada de divisas, y con una disminución de las inversiones. Todo ello afectó, sobre todo, al sector industrial y muchas industrias quebraron.
En consecuencia, a partir de 1975, los índices de crecimiento de la economía española se frenaron bruscamente: la inflación llegó hasta el 26% anual y el paro no dejó de aumentar. En esta difícil situación económica, España tuvo que hacer frente a la muerte de Franco y al proceso de transición hacia la democracia.

28.2. Los últimos años del franquismo

En 1973, Franco estaba ya gravemente enfermo y por primera vez nombró un jefe de gobierno, el almirante Carrero Blanco, que fue asesinado en diciembre de ese mismo año en un atentado de ETA. El 3 de enero de 1974 se constituyó un nuevo gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, que prometió una apertura política. La necesidad de una reforma política empezaba a ser defendida dentro del franquismo. Pero las reformas anunciadas fueron insignificantes.
Los antifranquistas no aceptaron ningún cambio que no comportase la concesión de una amnistía, el reconocimiento de las libertades y la convocatoria de elecciones libres. En la calle, crecieron las movilizaciones populares en demanda de libertades. Con esta situación de fondo y en medio de un grave conflicto en los territorios españoles del Sáhara, el 20 de noviembre de 1975 murió Franco.

28.3. La transición a la democracia

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I juró su cargo como Rey de España y en su mensaje dejó entrever su voluntad de promover el cambio político. El nuevo gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, aunque prometió algunas reformas, mantuvo intocable la esencia del régimen franquista.
En la calle, la población expresaba mediante huelgas y manifestaciones su deseo de cambios, y la oposición antifranquista se organizaba para exigir una ruptura con el viejo régimen.
En julio de 1976 fue nombrado presidente de gobierno Adolfo Suárez, un joven político franquista que inició un proceso de cambio político y abrió un camino legal para el desmantelamiento del franquismo. Con este cambio se reconocía el principio de soberanía popular y los derechos fundamentales de las personas.
El gobierno buscó apoyo de los grupos democráticos de la oposición, que acabaron aceptando una reforma pactada, es decir, la consecución de la democracia mediante un compromiso entre todas las fuerzas políticas partidarias de instaurar un régimen democrático en España.
En 1977 se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos, se suprimió el Movimiento Nacional y se concedieron dos amnistías políticas. Una nueva ley electoral permitió la convocatoria de elecciones libres a Cortes constituyentes, que se celebraron en junio de ese año. El camino a la democracia estaba abierto.

29. Cultura y arte durante el franquismo

29.1. La cultura española de la posguerra: el exilio

Después de la brillante etapa republicana, la cultura española sufrió un gran retroceso al final de la Guerra Civil.
Una parte importante de la intelectualidad española (sus mejores escritores, científicos, artistas, músicos, etc.) se encontraban, durante la época franquista, en el exilio, fundamentalmente en Francia y América Latina. Ello era la evidencia de que lo mejor de una generación no podía permanecer en su patria debido a su régimen político.
Durante cuarenta años, los más consagrados intelectuales españoles vivieron y realizaron su obra fuera de nuestras fronteras.
Entre los intelectuales en el exilio tenemos a escritores tan importantes como Rafael Alberti, León Felipe, Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Antonio Machado, Max Aub, R.J. Sender, Salvador de Madariaga, etc.; directores de cine como Luis Buñuel; músicos como Rodolfo Halffter o Pau Casals y artistas tan excepcionales como Pablo Picasso.

29.2. La cultura española a partir de los años 50

En el interior del país, poco a poco, especialmente a partir de 1950, se reemprendió una producción literaria muy importante.
Poetas como Dámaso Alonso, Blas de Otero, Leopoldo Panero o Gabriel Celaya realizaron con un profundo lirismo, una crítica social e ideológica.
En teatro fue, sobre todo, Antonio Buero Vallejo quien introdujo temas y problemas cercanos al espectador. Pero fue especialmente la novela la que dirigió su atención hacia la vida cotidiana y retrató de forma espléndida los años de la posguerra.
Entre los mejores novelistas cabe destacar a Camilo José Cela o Miguel Delibes, y a otros numerosos autores: Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Juan Benet, Gonzalo Torrente Ballester...
El cine fue uno de los campos donde, a pesar de los escasos medios, surgieron una serie de directores y actores de reconocido prestigio internacional.
Directores como Juan Antonio Bardem o Luis G. Berlanga realizaron verdaderas obras de arte (“El verdugo”, “Bienvenido Mr. Marshall”...). Posteriormente, Carlos Saura creó un cine de alta talla intelectual e ideológicamente comprometido, al que siguieron otros directores como Víctor Erice, Gutiérrez Aragón, etc.

29.3. El arte: pintura, arquitectura y escultura

Los principales artistas españoles de la época franquista, durante los años cuarenta y cincuenta, también vivieron fuera de nuestro país. Así, en el interior de España se desarrolló un arte formalista, monumental e historicista, muy del gusto de los vencedores en la Guerra Civil.
Pero muy pronto nuevas generaciones de artistas, al margen de los circuitos oficiales, empezaron a renovar el panorama artístico.
En arquitectura, sobre todo en los años sesenta, se extendió una nueva corriente basada en la funcionalidad y el racionalismo. Arquitectos como Oriol Bohigas, Rafael Moneo y Ricardo Bofia representan esta tendencia.
En pintura, personalidades como Antoni Tapies, Antonio Saura, Rafael Canogar o Manolo Millares inician también una renovación de los estilos. Estos pintores trabajan con nuevos materiales (cal, arena, resina...) y rompen con las representaciones figurativas mediante la abstracción.
En escultura destacan, sobre todo, las grandes construcciones en acero de Eduardo Chillida, los “encajes” de Javier de Oteiza, o las figuras expresivas de Pablo Serrano.

30. Los gobiernos de UCD (1977-1982)

30.1. Las primeras elecciones democráticas

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas desde hacía más de cuarenta años. Estas elecciones se desarrollaron con absoluta normalidad democrática y con una elevada participación de votantes.
Los resultados dieron la mayoría a Unión de Centro Democrático (UCD), el partido liderado por Adolfo Suárez, que dirigió el proceso de transición, seguido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que quedó consolidado como el principal partido de la oposición. A una mayor distancia electoral se situaron el Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP).
En el País Vasco y en Cataluña, los partidos nacionalistas empezaron a configurarse como fuerzas políticas importantes.
A pesar de no haber obtenido mayoría absoluta, se reconoció que el partido de Adolfo Suárez (Unión de Centro Democrático) tenía el respaldo electoral suficiente para formar gobierno.
Estos primeros años del restablecimiento de la democracia estuvieron marcados por un clima político de acuerdos y compromisos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales.

30.2. La Constitución de 1978

Las nuevas Cortes, salidas del proceso electoral, adoptaron como tarea primordial la elaboración de una Constitución, que fue el resultado del consenso y entendimiento de los distintos partidos políticos. La Constitución fue elaborada por una ponencia del Congreso, en la que estaban representadas todas las fuerzas parlamentarias.
La nueva Constitución se aprobó en el Congreso y en el Senado y fue refrendada por la mayoría de los españoles el 6 de diciembre de 1978. Sus rasgos esenciales son:
- Define el Estado español como un Estado social y democrático de derecho, que tiene en la monarquía parlamentaria su forma política.
- Pone fin a un Estado centralista y reconoce la existencia de nacionalidades y regiones, a las que otorga la posibilidad de constituirse en Comunidades Autónomas.
- Declara que la soberanía reside en el pueblo y garantiza los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y la igualdad ante la ley de todos los españoles.
La Constitución también creó el Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Constitución en caso de conflicto, y el Defensor del Pueblo, que vela por el cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos.

30.3. La crisis de UCD y el intento golpista de 1981

Después de unas nuevas elecciones en 1979, también ganadas por UCD, se inició una segunda etapa que estuvo marcada por el fin del consenso parlamentario.
Las dificultades para gobernar, como resultado de una serie de problemas económicos (persistencia de la crisis y fracaso en la lucha contra el paro) y políticos (ofensiva terrorista, rivalidades entre las familias de UCD, oposición parlamentaria de los socialistas...), llevaron al presidente Suárez a dimitir de su cargo en enero de 1981.
La sensación de inseguridad y la crisis en el partido gobernante hicieron aumentar el peligro de una intervención militar. Así, el 23 de febrero de 1981 tuvo lugar un intento de golpe de Estado para imponer la formación de un gobierno que restringiese la democracia, frenase el proceso autonómico y revisase la Constitución.
Fracasado el golpe, se constituyó el nuevo gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo. Pero este gobierno no consiguió estabilizar la situación. Además, la adhesión de España a la OTAN (1982) acentuó las divergencias con los partidos de izquierda. La falta de apoyos políticos obligó al presidente a convocar elecciones anticipadas en octubre de 1982.

31. La España de las Autonomías

31.1. Las reivindicaciones autonomistas

A pesar de la represión franquista, ésta no había conseguido anular los sentimientos nacionalistas en Cataluña, País Vasco y Galicia, donde la defensa de la democracia siempre había ido acompañada de la reivindicación de autonomía.
Tras la muerte de Franco se produjeron también demandas de autonomía en otras regiones españolas (Andalucía, Valencia, Canarias, Asturias, Aragón y Extremadura) proliferando las manifestaciones de identidad regionalista.
Los primeros gobiernos de la democracia vieron la urgencia de dar solución a las demandas de vascos y catalanes, y se replantearon la conveniencia de una reorganización territorial del Estado mediante la creación de un sistema generalizado de autonomías.

31.2. Los primeros estatutos

Tras las elecciones de 1977, el gobierno de UCD se propuso afrontar las reivindicaciones autonomistas de Cataluña. Adolfo Suárez entró en contacto con Joseph Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, y pactó el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el regreso de Tarradellas como presidente.
En el País Vasco existía una gran movilización popular en demanda de autonomía y, asimismo, de amnistía para los presos políticos vascos. La situación era muy tensa, dada la persistencia del terrorismo de ETA.
En 1977, el gobierno legalizó la “ikurriña” (bandera vasca) y concedió tres amnistías. Las negociaciones entre el gobierno y los parlamentarios vascos culminaron en la formación de un Consejo General Vasco.
Tras la aprobación de la Constitución se elaboraron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, aprobados en referéndum el año 1979. En 1980, se eligieron los primeros parlamentarios autonómicos. En Cataluña, las elecciones autonómicas dieron triunfo a Convergencia i Unió y Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo la mayoría y Carlos Garaikoetxea se convirtió en lehendakari.
En Galicia, en abril de 1978, se formó la primera Xunta de Galicia con carácter provisional y, en 1980, se aprobó en referéndum el Estatuto de Autonomía. Las primeras elecciones autonómicas se celebraron en 1981 y Alianza Popular fue el partido más votado, lo que otorgó la presidencia a Xerardo Fernández Albor.

31.3. La consolidación del mapa autonómico

La Constitución reconoció la existencia de diferentes nacionalidades y regiones con derecho a constituir su propio autogobierno. Así, quedó configurado un nuevo modelo de Estado que se denominó Estado de las Autonomías.
De esta manera, quedaron constituidas un total de 17 Comunidades Autónomas, todas ellas reguladas por sus Estatutos de Autonomía y regidas por sus respectivos gobiernos y parlamentos. La aprobación de los diferentes estatutos se hizo de manera progresiva. En 1995 se completó el mapa autonómico con la aprobación de los Estatutos de Ceuta y Melilla.
A lo largo de los años siguientes, y de forma progresiva, se realizó el traspaso de servicios, competencias y funcionarios (educación, sanidad, etc.) del Gobierno central a las diferentes Comunidades Autónomas.

32. La etapa socialista (1982-1996)

32.1. La victoria electoral

En las elecciones de 1982, diez millones de votos otorgaron el poder al PSOE, que obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. La victoria socialista se debió a que la alternativa encabezada por Felipe González entusiasmó a un amplio sector del electorado. La idea de un cambio político y de reformas sociales se combinaron con una imagen de moderación que tranquilizaba a los poderes fácticos.
Estas elecciones supusieron un cambio sustancial respecto a las fuerzas políticas que habían protagonizado la transición. UCD fue progresivamente desapareciendo, mientras que el nuevo partido creado por Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS), no consiguió arraigar electoralmente.
El Partido Popular (la antigua Alianza Popular), liderada por José María Aznar desde 1990, se consolidó como la primera fuerza de la oposición. El PCE sufrió un notable descenso electoral y surgieron discrepancias internas, que culminaron con la creación, en 1996, de Izquierda Unida.
Los socialistas se mantuvieron en el poder durante cuatro legislaturas. Obtuvieron mayoría absoluta en tres elecciones consecutivas (1982, 1986 y 1989), y mayoría relativa en las de 1993, hecho que les forzó a establecer una serie de pactos de gobierno con los partidos nacionalistas.

32.2. Los gobiernos socialistas

Los gobiernos socialistas quisieron hacer frente a la crisis económica y prepararse para el ingreso de España en la Comunidad Europea. Con esta finalidad, establecieron una serie de medidas, cuyo resultado fue una notable disminución de la inflación y una modernización de la estructura económica. Sin embargo, a pesar de estas medidas no se consiguió reducir demasiado el desempleo.
La contención salarial y la inestabilidad en el empleo dieron lugar a un enfrentamiento con los principales sindicatos (CC.OO. y UGT), que convocaron conjuntamente tres huelgas generales (1988, 1992, 1994).

Política reformista

Para reducir los efectos sociales de la crisis, el programa socialista inició una serie de reformas que suponían el incremento de los servicios públicos y el aumento de las prestaciones sociales (extensión de los servicios médicos a toda la población, ampliación del seguro de desempleo, creación del plan de empleo rural, etc.).
También se desarrolló una política de obras públicas (plan de autovías, construcción del AVE, inversiones en la Exposición Universal y en los Juegos Olímpicos).

Política interior

En política interior se propició una reforma del ejército con la voluntad de alejar el peligro golpista. También se tomaron medidas contra el terrorismo, sobre todo de ETA, que se reflejó en la actuación policial, en la colaboración con Francia, y en los acuerdos con todas las fuerzas políticas para aislar a los violentos (“Pactos de Ajuria Enea”).
Una serie de leyes como la legalización del aborto, la ley de educación, que la extendía obligatoriamente hasta los 16 años, y la autorización de las cadenas privadas de televisión completaron el programa de reformas socialistas.

Política internacional

El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, por el que España se convertía en miembro de pleno derecho. En 1986, y después de un referéndum, se decidió la permanencia definitiva en la OTAN, pero sin integrarse en su estructura militar.

32.3. La crisis y el relevo en el poder

A partir de 1991 el PSOE comenzó su retroceso electoral. Esta última etapa socialista estuvo marcada por un gran desgaste del gobierno que se vio agravado por el estallido de una serie de escándalos políticos y económicos.
Se dieron algunos casos de corrupción relacionados con el financiamiento irregular del partido (“Filesa”), con el tráfico de influencias (“Juan Guerra”) o con el enriquecimiento ilícito de algunas personas (“Luis Roldán”).
También se descubrieron casos de complicidad de algunos cuerpos policiales con la guerra sucia protagonizada por el GAL (“Grupos Antiterroristas de Liberación”) contra ETA.
Ante la debilidad y el desprestigio del gobierno, la oposición encabezada por el Partido Popular ejerció una dura presión para forzar la dimisión de Felipe González. Falto de los apoyos necesarios, acorralado por los escándalos y ante la presión de la oposición y de los medios de comunicación, el gobierno convocó elecciones anticipadas el 3 de marzo de 1996.

33. De la crisis económica al nacimiento del euro

33.1. Lucha contra la crisis y libertad sindical

Los Pactos de la Moncloa

En el verano de 1977, el gobierno de UCD decidió abordar la crisis económica. Era necesario iniciar algunas reformas mediante el consenso de todas las fuerzas políticas y con el acuerdo de la patronal y los sindicatos. A tal efecto, todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron los Pactos de la Moncloa.
Los pactos establecían las bases para la modernización de la economía española, mediante el aumento de la inversión pública y una reforma fiscal que permitiera aumentar los ingresos del Estado.
Se acordó, asimismo, aumentar la aportación del Estado a la Seguridad Social para hacer frente al aumento de los gastos sociales (desempleo, pensiones, sanidad). Por último, se planteó como prioritaria la reducción de la inflación (situada, en 1977, en el 26%) mediante limitaciones al crecimiento de los salarios.

Se reduce la conflictividad social

La firma de los Pactos permitió una reducción de la conflictividad social y la aplicación de un modelo de relaciones laborales. Este nuevo marco fue posible gracias al reconocimiento de la libertad sindical, consagrada en la Constitución junto a otros derechos laborales como el de huelga o el de negociación colectiva.
Los empresarios se integraron en una gran organización patronal (CEOE), mientras los trabajadores realizaban las primeras elecciones sindicales en 1978, confirmándose como sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, junto a otros de carácter nacionalista, como ELA-STV en el País Vasco.

33.2. Integración en la Comunidad Europea

Una vez normalizado el marco laboral y tomadas las primeras medidas contra la crisis, el objetivo se centró en reestructurar la economía española para hacer frente al gran reto de la integración en la Comunidad Europea (actualmente Unión Europea).
La adecuación de nuestra economía a los criterios comunitarios exigió sustanciales transformaciones. En primer lugar, en la década de 1980, se realizó una importante reconversión industrial para poder hacer frente a una situación de libre competencia con países, en su mayoría, con economías más potentes.
Así, una serie de poderosos sectores industriales (naval, siderúrgico, textil, etc.) tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado internacional.
La reconversión tuvo como consecuencia mejoras en la gestión, inversiones en tecnología y aumento de la cualificación profesional de los trabajadores. Ahora bien, también significó la concentración de empresas, el cierre de las no competitivas y, en general, el descenso del empleo y el aumento de la cifra de parados, que llegó a superar el 20%.
Para hacer competitiva la economía era imprescindible el descenso de la inflación y la disminución del déficit público. Para ello se tomaron diversas medidas entre las cuales las más importantes fueron la limitación del crecimiento de los salarios y el control del gasto público.
A pesar de las dificultades económicas, durante todos estos años se realizó un importante crecimiento del sector público (enseñanza, sanidad, Seguridad Social, infraestructuras...) que consolidó el Estado del Bienestar. El aumento del gasto público se sufragó, tras las reformas fiscales, mediante la generalización del pago de impuestos.

33.3. El nacimiento del euro

El Tratado de Maastricht de 1991, estableció la creación de una moneda única, el euro, para todos los países de la UE que cumplieran unas determinadas condiciones económicas (déficit público por debajo de un máximo, control de la inflación...). El gobierno español estableció un plan para cumplir estas condiciones y entrar en la unión monetaria con el primer grupo de países que establecieran la moneda única.
Desde el 1 de enero de 2002, el euro sustituye a la peseta, y desde el 1 de marzo, la peseta dejó de circular, convirtiéndose el euro en la moneda única de los países de la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia.

34. Los gobiernos del Partido Popular

34.1. La primera legislatura (1996-2000)

Las elecciones generales de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular. Pero al obtener sólo una mayoría relativa, la investidura de José María Aznar como presidente del gobierno necesitó el apoyo de los partidos nacionalistas (CiU, PNV y Coalición Canaria).
La acción del gobierno del PP en su primera legislatura se orientó a dar una sensación de continuidad. Por ello, el nuevo ejecutivo quiso continuar con una política social que asegurase el Estado del Bienestar, inició un diálogo con los sindicatos y una aproximación a los partidos nacionalistas, de los que dependía la estabilidad del gobierno.
Quizá la reforma de mayor trascendencia de la primera legislatura del gobierno de José María Aznar fue la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional.
Sin embargo, se produjo un progresivo agravamiento de la cuestión vasca debido al incremento de las acciones terroristas de ETA y a la crisis de las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que supusieron la rotura de los Pactos de Ajuria Enea.
En política internacional, el objetivo prioritario fue la consecución de la integración monetaria de España en la Europa del euro. Además, en el año 1997, España se incorporó en la estructura militar de la OTAN.

34.2. Una favorable coyuntura económica

La buena coyuntura económica de Europa y el éxito del proceso de incorporación a la Unión Europea permitieron una etapa de expansión. Así, a partir de 1996-1997, la economía española alcanzó unas cotas de crecimiento anual superiores al 3%.
La prosperidad económica posibilitó la creación de empleo y el descenso del paro, aunque España continuó siendo el país con la tasa de desempleo más elevada de la UE.
Para afrontar el problema del paro se hicieron reformas en la legislación laboral, como el aumento de los contratos a tiempo parcial o eventual, que dieron lugar al crecimiento del empleo temporal y precario.
Por último, se siguió también una política de privatización de empresas públicas, lo cual originó la oposición de los sindicatos y de otras fuerzas sociales.

34.3. La segunda legislatura (2000-2004)

En las elecciones generales de marzo de 2000, el PP logró la mayoría absoluta y el nuevo gobierno, también presidido por José María Aznar, pudo desarrollar los objetivos de su programa electoral. Se iniciaron así una serie de reformas (Ley de Calidad de la Enseñanza, Ley de Reforma Universitaria, Ley de Contratación Laboral, Ley de Extranjería...) que provocaron notables protestas sociales (huelga general en el año 2002).
Igualmente, las relaciones entre el gobierno de la nación y el vasco, presidido por Juan José Ibarretxe, alcanzaron una gran tensión política. También provocó malestar la catástrofe causada por el hundimiento del petrolero “Prestige” en Galicia.
En política exterior, se produjo un cambio radical en las alianzas exteriores al priorizar la política de acercamiento a Estados Unidos, en perjuicio del tradicional alineamiento europeo. Ejemplo de ello fue el apoyo del gobierno de Aznar a la intervención militar de Estados Unidos en Irak (marzo de 2003).
En el año 2004 se convocaron elecciones generales para el 14 de marzo. Tres días antes (11 marzo) un terrible atentado terrorista en Madrid dejó un saldo cercano a los 200 muertos y originó una situación de conmoción nacional.
Las elecciones fueron ganadas, a pesar de los pronósticos en contra, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), produciéndose así el fin del gobierno del Partido Popular. El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero se situó al frente del nuevo gobierno del PSOE.

35. Una sociedad en democracia

35.1. La consecución de derechos y libertades

La consecución de la democracia vino acompañada de cambios sociales que permitieron organizar la sociedad española a semejanza de los demás países europeos.
Gracias a que la Constitución garantizó las libertades fundamentales (de pensamiento, de asociación, de opción política y de religión), los españoles y las españolas fueron libres para afiliarse a partidos, sindicarse, agruparse o asociarse libremente en función de sus ideas y con el único límite del respeto a la ley.
La Constitución garantizó también el derecho a la libertad de información. El mundo de la cultura (literatura, cine, teatro, artes plásticas...) y de la prensa recobró el derecho a la libertad creativa y de expresión. Así, desapareció el sistema de censura previa y se liberalizó la información en la radio y la televisión. El periodismo cobró un papel relevante en la construcción y consolidación de la democracia española.
Se despenalizaron los anticonceptivos, las relaciones extramatrimoniales y la homosexualidad. También se reguló el divorcio y, ya bajo el gobierno socialista, se promulgó una ley sobre el aborto.

35.2. La modernización social

En las dos últimas décadas las condiciones materiales de vida han cambiado significativamente. El consumo se ha generalizado; los electrodomésticos, el coche, la informática, las vacaciones o los viajes forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los españoles. En el mismo sentido, se ha producido un notable incremento de la renta per cápita que nos sitúa entre los 15 países más ricos de la Tierra, aunque sigue estando por debajo de los países más avanzados de nuestro entorno.
La sociedad española ha experimentado un fuerte proceso de modernización. Respecto a la educación, se ha generalizado la enseñanza obligatoria hasta los 16 años (LOGSE) y el número de universitarios ha aumentado espectacularmente, así como el de centros educativos.
Otras mejoras han sido la universalización de la sanidad (atención médica gratuita para todos los españoles), la cobertura del desempleo y la generalización del sistema de pensiones. Se han realizado, además, fuertes inversiones en infraestructuras (carreteras, autovías, ferrocarril, aeropuertos, telecomunicaciones...), modernizándose todos los servicios.
La estructura social también se ha transformado en otros aspectos. Uno de los más relevantes es la incorporación de la mujer a la vida pública (trabajo, política...), respaldada por la Constitución, que consagra el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo.
Al nuevo papel de la mujer hay que añadir cambios en la estructura familiar como un espectacular descenso de la tasa de natalidad (1,6% en 1995), aumento de las familias monoparentales (sólo padre o madre), retraso en la edad de matrimonio y de la de reproducción.

35.3. La nueva inmigración

En las últimas décadas del siglo XX, España ha dejado de ser un país exportador de emigrantes para convertirse en un país receptor.
De este modo han llegado a España miles de inmigrantes en búsqueda de trabajo, la mayoría de ellos provenientes de Latinoamérica, el Magreb o los países del Este de Europa.
Muchas de estas personas tienen que aceptar trabajos precarios y en condiciones de sobreexplotación. El Estado español, como otros europeos, ha intentado frenar este proceso a través de unas leyes de extranjería que regulen la entrada de inmigrantes.
Ante la entrada de inmigrantes de diferentes tradiciones culturales y religiosas, han surgido algunos brotes de comportamientos y actitudes xenófobas. Por ello, son muchas las organizaciones cívicas que se preocupan por defender los derechos de los inmigrantes y por favorecer su integración en nuestra sociedad. Cada vez es más evidente la necesidad de avanzar hacia una sociedad multicultural.